La discusión de la nueva Ley General de Aguas llega a un punto decisivo esta semana en la Cámara de Diputados, luego de días de bloqueos carreteros y manifestaciones encabezadas por organizaciones campesinas. La presión social obligó a revisar el proyecto original, lo que derivó en más de 50 modificaciones orientadas a responder parte de las demandas del sector rural.
Aunque el dictamen fue ajustado tras reuniones con legisladores de Morena y PT, dirigentes agrarios advirtieron que mantendrán vigilancia permanente. Aseguran que, en caso de detectar incumplimientos o retrocesos, no descartan volver a las calles y cerrar vías estratégicas como medida de presión para defender sus derechos sobre el recurso hídrico.
Organizaciones campesinas mantienen presión y vigilancia
Eraclio Rodríguez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, señaló que la movilización no concluirá hasta que la ley sea votada y se confirme que lo acordado quedó realmente plasmado en el texto final. Según explicó, si consideran que existen riesgos, retomarán los bloqueos en carreteras y puentes.
Esta postura refleja la desconfianza que persiste entre los productores del campo, quienes temen perder el control sobre sus concesiones de agua. Para ellos, el acceso al líquido no solo representa un recurso productivo, sino la base de su subsistencia y de la seguridad alimentaria de múltiples regiones del país.
Garantía del derecho al agua y combate a la corrupción
Desde el gobierno federal, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, defendió las modificaciones al afirmar que son resultado del diálogo con distintos sectores sociales y productivos. Aseguró que la reforma permitirá garantizar el derecho humano al agua y ordenar un sistema de concesiones más transparente.
Morales destacó que uno de los principales objetivos es erradicar el mercado negro del agua, evitando que se privatice de forma irregular o se utilice en beneficio de unos pocos, mientras comunidades enteras enfrentan desabasto. Además, subrayó que habrá cero tolerancia a la corrupción en el manejo de concesiones.
Principales cambios incluidos en el dictamen
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra el respeto al derecho de los propietarios a vender o heredar sus tierras con el título de concesión de agua asociado. Este punto era una exigencia central de los agricultores, quienes buscaban certeza jurídica sobre el destino de sus propiedades y del recurso hídrico vinculado.
El proyecto ahora establece que la autoridad del agua deberá resolver en un plazo no mayor a 20 días hábiles la reasignación de volúmenes en casos de transmisión de propiedad, fusión o escisión de sociedades, o cuando existan derechos sucesorios acreditados, agilizando trámites que antes podían prolongarse indefinidamente.
Reducción de penas en delitos relacionados con el agua
Otro ajuste importante fue la modificación del capítulo denominado ahora “Delitos contra las Aguas Nacionales”. En comparación con la versión original, las penas fueron reducidas. Por ejemplo, la sanción máxima por alterar o desviar cauces pasó de 10 a cinco años de prisión.
Incluso, se establecieron excepciones para quienes realicen estas acciones con fines domésticos o agropecuarios familiares. Este cambio busca diferenciar entre grandes actos de acaparamiento ilegal y situaciones de subsistencia en comunidades rurales con acceso limitado al agua.
Posturas encontradas en el Congreso
A pesar de los ajustes, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene ejes considerados innegociables: frenar el acaparamiento, evitar el uso indebido del agua y garantizar su distribución justa. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reiteró que no debe existir impunidad en el manejo del recurso más importante para la vida.
En contraste, legisladores de oposición como Rubén Moreira, del PRI, consideran insuficientes las modificaciones y propusieron retirar completamente la iniciativa para iniciar una consulta nacional desde cero. El desenlace se definirá en los próximos días, cuando el pleno decida el futuro de la reforma hídrica.