El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, lanzó un fuerte señalamiento contra el Congreso de Tamaulipas, al afirmar que desde hace varios años se ha advertido sobre la presunta existencia de proveedores del Poder Legislativo relacionados con la delincuencia organizada. Cuestionó que el Congreso busque fiscalizar a los municipios cuando, desde su perspectiva, debería comenzar por revisar sus propias contrataciones.
Peña Ortiz sostuvo que estas advertencias se han realizado durante los últimos cinco años y cuestionó que, pese a ello, los presuntos proveedores continúen vinculados con el Congreso.
“Andan con muchas ganas de fiscalizar y de auditar, que fiscalicen el Congreso. En los últimos cinco años les hemos dicho muchas veces que sus proveedores son del crimen organizado y que lo siguen teniendo ahí”, señaló.
El alcalde fue más allá al relatar que durante algunos eventos realizados en el Congreso, personas encargadas de recibir y ubicar a los invitados habrían sido identificadas posteriormente, según su versión, como presuntos integrantes de organizaciones criminales.
“Cuando fuimos a los eventos que hay en el Congreso, los mismos de seguridad que te sientan en el asiento designado que le toca a cada invitado, eran jefes del crimen organizado; nos dimos cuenta posteriormente”, afirmó Peña Ortiz.
El presidente municipal consideró especialmente delicado el señalamiento debido a que su administración ha denunciado problemas relacionados con extorsión, secuestro y homicidios. Por ello, cuestionó que personas o empresas presuntamente relacionadas con actividades criminales continúen teniendo vínculos como proveedores del Poder Legislativo.
“Nosotros estamos denunciando temas de extorsión y secuestro y de que andan matando gente, son los mismos proveedores que tienen ahí en el Congreso, qué vergüenza”, expresó.
Ante estos señalamientos, el Congreso de Tamaulipas rechazó que existan proveedores vinculados con la delincuencia organizada y calificó la acusación como grave, al considerar que no debe quedarse únicamente en declaraciones públicas.
La Junta de Gobierno del Congreso pidió al alcalde presentar las pruebas que sustenten sus acusaciones y llevarlas ante las autoridades correspondientes para que sean investigadas y, en caso de comprobarse algún delito, se sancione a los responsables.
Peña Ortiz también cuestionó que el Congreso pretenda fiscalizar a los municipios mientras, desde su perspectiva, debería comenzar por revisar sus propias contrataciones.
“Ojalá puedan ellos empezar a fiscalizarse, asimismo, para que luego puedan tener la calidad moral de ir a fiscalizar a otros municipios, que por cierto tampoco tienen las facultades”, concluyó.
El intercambio de señalamientos coloca nuevamente bajo cuestionamiento la relación entre fiscalización, contratación pública y posibles vínculos con grupos delictivos, pero hasta ahora las acusaciones planteadas por el alcalde requieren ser respaldadas con pruebas y, en su caso, investigadas formalmente por las autoridades competentes.