La invasión de viviendas abandonadas continúa en aumento en diversos fraccionamientos y colonias del municipio, lo que no solo genera posibles delitos de despojo, sino también en problemas sociales como inseguridad, conexiones clandestinas de servicios y la generación de focos de delincuencia.
En el fraccionamiento Hacienda Las Palmas, sector La Pedrera, vecinos reportaron la presencia de personas que intentan abrir puertas de casas deshabitadas con la intención de invadirlas.
Incluso, denunciaron que algunos grupos hacen negocio rentando ilegalmente las viviendas ocupadas, engañando a quienes buscan un lugar donde vivir.
Martha Elizabeth Luna Llamas, residente de la zona, explicó que este fenómeno no es reciente, ya que “desde el 2007 comenzaron a detectarse invasiones en las casas abandonadas”. De las 599 viviendas construidas en Las Palmas, actualmente 325 están habitadas de forma regular, mientras que el resto presenta algún tipo de ocupación irregular.
“Nos preocupa porque esas personas se conectan clandestinamente a la energía eléctrica y al agua, lo que genera riesgos de cortos y fugas, además de la inseguridad que provoca no saber quiénes llegan a instalarse”, señaló.
Vecinos relataron que, en algunos casos, quienes invaden cobran rentas de hasta $1,000 pesos mensuales a otras familias, sin ser propietarios legítimos ni contar con escrituras. “Se aprovechan, diciendo que después podrán regularizar, pero solo están defraudando a la gente”, añadieron.
La problemática no solo se limita a Las Palmas, sino que también se registra en otros sectores de Altamira, cómo las Haciendas, los Prados, Fraccionamiento Los Mangos, Arboledas, San Jacinto, Canarios, entre otros, lo que en voz de los colonos se ha convertido en un fenómeno que requiere atención urgente de las autoridades municipales y estatales, así como del INFONAVIT, para dar certeza legal a quienes buscan regularizar su situación y evitar que siga creciendo el mercado negro de viviendas invadidas.
Los afectados hicieron un llamado a las autoridades para implementar vigilancia permanente en zonas con casas abandonadas, así como fortalecer mecanismos legales que impidan la invasión y el subsecuente negocio ilícito de renta.