Las redadas en contra de migrantes indocumentados continúan intensificándose en la región del Valle de Texas, generando un ambiente de creciente preocupación entre quienes deben acudir a oficinas migratorias para regularizar su estatus. De acuerdo con testimonios, oficiales federales enviados por el expresidente Donald Trump permanecen apostados en los accesos a estos edificios, interceptando a las personas antes de que logren ingresar y sin haber sido escuchadas por un juez.
Los testigos aseguran que los migrantes son detenidos justo en las puertas de entrada, cuando aún no han iniciado formalmente su proceso judicial. Esta situación ha sido calificada como una violación al debido proceso por parte de organismos defensores de derechos humanos, los cuales han emitido recomendaciones urgentes para proteger a quienes se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.
Fortino López Balcázar, presidente de Derechos Humanos Internacionales A.C., advirtió que el temor ya no se limita a quienes están en condición irregular, sino que se ha extendido al resto de la comunidad.
“El temor es ya de toda la población, ya no solamente de los ilegales. Yo recomendaría que acudan a la corte, pero que estén en contacto primero con un abogado, que tengan a la mano un teléfono de familiares que avisen adónde van. También que tengan comunicación con su consulado; el consulado tiene un departamento de protección que puede asesorarlos en caso de ser detenidos”, expresó.
Mientras tanto, en Tamaulipas, se ha confirmado que solo existen tres puentes internacionales habilitados para realizar procesos de deportación. Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos mantienen vigilancia constante en estos cruces y, hasta el momento, no han registrado deportaciones recientes por dichos puntos. Señalan que las detenciones deben pasar primero por centros de detención, donde cada caso debe ser revisado de forma individual.
“Hasta ahorita están detenidos. No se sabe que los estén deportando, pero si lo hacen como meses anteriores, los mandan lo más lejos posible: a Chiapas o la frontera sur, para dificultar su regreso a la frontera. Y sabemos que los que vienen de Texas los deportan por Tijuana u otros puntos. Es una estrategia, pero hasta ahora no hay evidencia de deportaciones masivas”, explicó López Balcázar.
Las asociaciones también han lanzado una fuerte crítica contra la postura del gobierno mexicano, al que acusan de actuar con lentitud y falta de contundencia ante la situación. En particular, señalan la inacción del aparato diplomático mexicano, que no ha brindado una defensa legal efectiva a los connacionales detenidos en Estados Unidos.
“El gobierno mexicano debe actuar. Los consulados tienen que trabajar y no solo decir que ya tienen la lista de los detenidos y contacto con los familiares. Eso no sirve de nada. Los consulados deben pagar abogados y ejercer una defensa legal real. Eso es lo que se necesita”, concluyó el activista.
Organismos de derechos humanos reiteran el llamado a las autoridades mexicanas y extranjeras a garantizar el respeto al debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de los migrantes, en medio de un contexto cada vez más tenso y restrictivo para quienes buscan una oportunidad de legalizar su permanencia en Estados Unidos.
