Integrantes de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Cabildo de Reynosa, considerados como parte de la oposición, están solicitando la comparecencia del secretario de Seguridad Pública municipal para que rinda un informe detallado sobre la implementación del polémico operativo de grúas que se lleva a cabo en la ciudad.
Este operativo, aplicado bajo una política de “cero tolerancia”, ha generado fuertes molestias entre la ciudadanía debido a que los remolques de vehículos se realizan en zonas sensibles como hospitales, consultorios médicos y, durante los fines de semana, en las inmediaciones de iglesias de distintas denominaciones. La medida ha sido percibida como un acto desproporcionado por parte de las autoridades de seguridad.
Uno de los puntos que ha desatado mayor inconformidad es que el municipio no cuenta con grúas propias, por lo que se ha recurrido a empresas particulares para realizar los remolques. Los ciudadanos deben cubrir, además de la multa correspondiente, un pago adicional que va de los 300 a los 600 pesos por el uso de la grúa, así como una pensión diaria por el tiempo que el vehículo permanece en el corralón.
Ante esta situación, los regidores del PRI exigen transparencia respecto a las empresas involucradas en el operativo, los criterios bajo los cuales fueron contratadas y el destino de los recursos económicos que se están generando.
“Si es un operativo con cero tolerancia al ciudadano, entonces también el ciudadano tendremos cero tolerancia a cualquier acto que esté fuera de la ley o de reglamento”, expresó el regidor Benito Sáenz Barella. “Hay mucho por donde ir acotando estos operativos que a todas luces han sido desproporcionados y han afectado a la ciudadanía”.
El edil también señaló que se han iniciado pláticas con ciudadanos que han sido afectados por estos operativos en propiedades privadas, como estacionamientos de centros comerciales, y que ya se encuentran en asesoría legal.
“Estamos en pláticas con las personas en las que se han hecho operativos en propiedades privadas como lo son los estacionamientos de los centros comerciales. Estamos en asesoría con expertos en la materia legal de la ley de transporte y obviamente en derecho constitucional para que todo vaya dentro del marco de la ley”, agregó Sáenz Barella.
Los regidores reiteran la necesidad de que el titular de Seguridad Pública municipal comparezca ante el Cabildo para esclarecer todos estos puntos y garantizar que el operativo se lleve a cabo con legalidad y sin perjuicio para los ciudadanos.