Un derechohabiente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) obtuvo una sentencia favorable tras vencer legalmente al organismo en un juicio mercantil, luego de que la autoridad judicial determinó improcedente la acción promovida por el instituto para despojarlo de su vivienda.
El abogado Raúl González del Ángel, representante legal del afectado, informó que este lunes solicitaron la ejecución forzosa de la sentencia, al no haberse cumplido voluntariamente con el pago de aproximadamente 200 mil pesos por concepto de gastos y costas judiciales generados durante el proceso.
Explicó que el litigio inició en 2023, cuando el Infonavit promovió una acción para reclamar la vivienda del derechohabiente, argumentando que éste no tenía derecho a poseer el inmueble. Sin embargo, durante el juicio la defensa acreditó que el cliente sí tenía pleno derecho sobre la propiedad y que incluso había cumplido con sus obligaciones de pago.
"El juzgado declaró improcedente la acción del Infonavit y le dio la razón a nuestro cliente, posteriormente promovimos el incidente de gastos y costas para que se le reembolsaran todos los recursos que tuvo que invertir para defenderse", explicó.
Detalló que, además de los honorarios legales, el derechohabiente tuvo que cubrir diversos gastos procesales, entre ellos el pago de peritos especializados, diligencias y otros trámites indispensables para acreditar la legal posesión del inmueble.
Señaló que hace dos semanas solicitaron al Infonavit cumplir voluntariamente con el pago ordenado por el juez; sin embargo, al no obtener respuesta, este lunes pidieron la ejecución forzosa de la sentencia mediante el embargo de bienes suficientes en oficinas del instituto para garantizar el pago de los aproximadamente 200 mil pesos.
El litigante afirmó que este tipo de resoluciones no son frecuentes, aunque tampoco extraordinarias, ya que el Infonavit suele promover procedimientos para recuperar viviendas cuando considera que existen irregularidades. No obstante, indicó que muchos derechohabientes no ejercen adecuadamente su derecho de defensa.
En este caso, dijo, el instituto "estuvo a punto de cometer un abuso", al intentar despojar de su patrimonio a un trabajador que finalmente demostró ante los tribunales que la reclamación carecía de sustento jurídico.
Raúl González del Ángel exhortó a los derechohabientes que enfrenten procedimientos similares a buscar asesoría legal especializada, ya que cada caso debe analizarse de manera particular y existen mecanismos legales para controvertir las acciones del instituto cuando éstas no se encuentran debidamente fundadas.