Un grupo de extrabajadores de la extinta empresa Hules Mexicanos inició este jueves una huelga de hambre por tiempo indefinido, frente a la Presidencia Municipal de Altamira, para exigir la intervención del Gobierno Federal y la solución a un reclamo histórico que afecta a más de 500 trabajadores despedidos en la década de los años 80, a quienes, aseguran, se les prometió una participación accionaria tras la privatización de la empresa.
La protesta coincide con el 38 aniversario de la decisión del Ejecutivo federal de privatizar Hules Mexicanos y otras empresas petroquímicas, proceso que, según los manifestantes, estableció como primera condición otorgar a los trabajadores al menos el 2.5% del capital social suscrito de la empresa.
A casi cuatro décadas, denuncian, ese beneficio no se ha cumplido, no se han rendido cuentas y las empresas sucesoras se niegan a reconocerlos como socios, ni a entregar utilidades.
Víctor Jiménez Galindo, representante común de los extrabajadores, señaló que la participación accionaria prometida equivale a decenas de miles de acciones y forma parte del capital social, es decir, del patrimonio de los socios.
"Oficialmente somos socios, pero no se nos reconoce ni se nos informa, mucho menos se nos entregan utilidades".
Señalando que más de 200 extrabajadores han fallecido sin ver resuelto el reclamo.
Los manifestantes sostienen que, tras una búsqueda exhaustiva de información pública, existen documentos oficiales que dan cuenta de la condición impuesta para la privatización, por lo que cualquier ciudadano puede solicitar información a la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y a la Presidencia de la República.
La huelga de hambre, reconocen, es una medida extrema, especialmente porque entre los participantes hay adultos mayores, viudas y personas con padecimientos de salud.
Aseguran que recurren a ella ante la falta de respuestas tras años de gestiones.
"No pedimos que nos crean; están obligados a escucharnos", expresó Jiménez Galindo, quien recordó que en el pasado representantes del movimiento fueron perseguidos judicialmente por insistir en el reclamo.
De manera formal, los extrabajadores notificaron por oficio a la presidencia municipal de Altamira, sobre el inicio de la protesta; también hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno para que, con independencia de competencias, gestionen ante la Federación una mesa de diálogo con las empresas involucradas, el sindicato y testigos institucionales, como Derechos Humanos.
Aunque reconocen que la competencia es federal, al tratarse de una empresa que fue propiedad del Estado mexicano y cuya tenencia accionaria se ejercía vía Pemex, los manifestantes apelan a la voluntad política y a la responsabilidad institucional para destrabar un conflicto que consideran una deuda histórica.
"Han pasado 38 años, seguiremos presentes donde sea necesario hasta que haya justicia", concluyeron.
