La disputa por el control del cruce de lanchas conocido como El Zacate, que conecta a la zona norte de Veracruz con Ciudad Madero, Tamaulipas, ha generado indignación entre cientos de familias.
Habitantes acusan a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de omisión al permitir que un particular, tras renovar el pago de una concesión, busque desalojar a dos comerciantes con más de 40 años trabajando en el lugar.
Desde el pasado domingo al mediodía, los vecinos bloquearon el paso de lanchas en protesta por lo que consideran un “abuso” cometido contra Ricardo, vendedor de mariscos, y Angélica, comerciante de frutas y verduras.
Ambos recibieron un ultimátum de 30 días por parte de Asipona para abandonar el sitio, luego de que la concesión fue otorgada a José Luis Castro Casanova, un pescador originario de Ciudad Madero, propietario de varias lanchas.
El cierre del cruce ha generado afectaciones en la movilidad, obligando a los usuarios a trasladarse a otros puntos, como el Paso Padilla, para cruzar entre Veracruz y Tamaulipas.
Las familias aseguran que esta situación perjudica a estudiantes, trabajadores y personas que dependen del tránsito diario entre ambas entidades, generando largas filas y caos en la zona.
Doña Margarita Amaya García, vecina del sector El Mango y una de las manifestantes, expresó su inconformidad: “Tengo 40 años viviendo aquí y vendiendo mariscos, de esto mantenemos a la familia. No se vale que por un capricho quieran quitarnos. Asipona debió venir a hablar con nosotros antes de dar la concesión”.
La mujer acusó que el particular pretende adueñarse de todo el espacio, desplazando a quienes han laborado por décadas en el lugar.
Por su parte, Adri Carla Pérez, habitante inconforme, señaló que la comunidad se siente agraviada: “Estamos indignados, no es justo que alguien con poder venga a hacer su voluntad. Ricardo siempre ha mantenido el área limpia y ha servido a la gente, mientras que el otro señor ya está acaparando lanchas y materiales; incluso guarda gasolina en condiciones peligrosas”.
Los manifestantes responsabilizan a Asipona de resolver el conflicto, al considerar que tiene la facultad de revisar la concesión; mientras no haya un acuerdo, el bloqueo continuará, afectando a cientos de usuarios que dependen del cruce fluvial para sus actividades cotidianas.