Roberto todavía recuerda con angustia la mañana en la que su hijo, estudiante universitario, llegó corriendo a casa, golpeando la puerta y gritando desesperado porque había recibido una llamada que aseguraba que su hermana había sido secuestrada; en el teléfono, incluso se escuchaba el grito de una joven que parecía ser la suya. Por fortuna, lograron contactar de inmediato a la supuesta víctima, quien se encontraba a salvo en su escuela, pero el daño ya estaba hecho; el miedo y la desesperación marcaron profundamente a la familia. “Yo estaba muy molesto de ver a mi hijo tan asustado, y al mismo tiempo impotente”, narró.
Historias como la de Roberto se repiten a diario en distintas partes de México, las llamadas de extorsión, que buscan sembrar miedo para obtener dinero, se han convertido en una plaga que afecta a ciudadanos comunes, comerciantes y profesionistas.
En Tamaulipas, entre enero y mayo de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 79 carpetas de investigación por este delito, una cifra que refleja el alcance de un problema que la ciudadanía considera ya insoportable, y que fácilmente se triplica por las personas que optan por no denunciar.
Ante este panorama, el Gobierno Federal, a través de la bancada de Morena en el Congreso Federal, impulsará una iniciativa para tipificar la extorsión como delito grave, con sanciones más severas para quienes incurran en estas prácticas.
La diputada federal Blanca Narro Panameño destacó que la propuesta busca dar respuesta a una exigencia ciudadana: “Este es un tema que nos importa a todos, porque cualquiera puede ser víctima. Al tratarlo como delito grave, podremos frenar un poco este círculo que lacera a la sociedad”.
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa será una de las primeras en ser discutidas en este nuevo periodo de sesiones y contempla penas de cárcel más prolongadas para los responsables, además de agilizar los mecanismos de denuncia anónima.
El objetivo es que las autoridades puedan actuar con mayor rapidez sin exponer a las víctimas a represalias, “Hoy todo se facilita a través de una denuncia anónima; lo único que necesitas es señalar el número del que te extorsionaron, y el resto corresponde a las instancias de investigación”, explicó.
El proyecto también busca poner bajo la lupa a los despachos de cobranza y financieras que, disfrazados de gestores, ejercen presiones indebidas que se asemejan a prácticas de extorsión.
Advirtió que este punto no puede quedar fuera de la regulación, ya que miles de personas han denunciado abusos que los dejan prácticamente como rehenes de créditos impagables. “Hay quienes pierden su casa, su auto o sus propiedades por caer en estas redes; es un tema sensible que debemos atender”, subrayó.
Para familias como la de Roberto, la propuesta representa una esperanza de que el gobierno tome en serio un delito que no solo afecta la economía, sino que hiere la tranquilidad de los hogares. “Si las sanciones son más severas, tal vez los extorsionadores lo piensen dos veces antes de volver a hacerlo", concluyó el afectado.