La defensa de Dana Yanina "N", imputada dentro del proceso relacionado con la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos, aseguró que existen diversas irregularidades y presuntas violaciones al debido proceso que serán combatidas por las vías legales disponibles, entre ellas la apelación y un amparo indirecto promovido ante la justicia federal.
El abogado de Dana Yanina, Carlos David Robles Figueroa, explicó que actualmente se trabajan tres líneas jurídicas de manera paralela: el proceso penal, el recurso de apelación y el juicio de amparo, con el objetivo de demostrar las irregularidades que, a consideración de la defensa, se han cometido durante el procedimiento y buscar la libertad de la joven.
Uno de los principales señalamientos está relacionado con la actuación de la juez que lleva el caso. La defensa cuestionó que, pese a haber solicitado una audiencia para desahogar medios de prueba y plantear el sobreseimiento del proceso, la juzgadora no habría establecido una fecha inmediata para su celebración.
De acuerdo con el abogado, la defensa contaba con elementos que, a su consideración, podían haber permitido obtener el sobreseimiento y, con ello, la libertad de Dana. Sin embargo, sostuvo que la juez condicionó la celebración de la audiencia a que previamente se informara cuáles serían las pruebas y argumentos que se presentarían.
El litigante consideró que esa determinación es contraria a las reglas del procedimiento y anunció que volverán a presentar una queja contra la juzgadora.
"Si una de las partes te manda citar para audiencia, tú lo citas, se presentan, lo escuchas y resuelves", sostuvo el abogado, al cuestionar que se haya solicitado anticipadamente a la defensa revelar los argumentos y datos de prueba que pretendía presentar.
Apelación y amparo, las dos vías principales
Carlos David Robles Figueroa, asesor legal, informó que, además del procedimiento penal, se encuentra en marcha un recurso de apelación que será revisado por el tribunal correspondiente, así como un juicio de amparo indirecto promovido ante un juzgado de distrito.
Según explicó el abogado, el juzgado federal ya admitió el asunto y concedió una suspensión provisional, además de requerir información al Ministerio Público para conocer su postura respecto de los señalamientos realizados por la defensa.
El litigante afirmó que inicialmente el Ministerio Público habría pretendido no responder a los requerimientos del juez federal, bajo el argumento de que no estaba obligado a hacerlo. Sin embargo, el juzgador habría establecido que la contestación era obligatoria y que, de no cumplir, podrían imponerse sanciones.
Para la defensa, la intervención de la justicia federal representa un cambio importante en el desarrollo del caso.
"Yo confío en la justicia federal", manifestó el abogado, al señalar que desde que el juzgado de distrito tomó conocimiento del asunto, la defensa ha observado una actuación que considera más apegada al procedimiento.
Suspensión provisional frena, por ahora, una etapa del proceso
Respecto a los efectos de la suspensión provisional, el abogado explicó que, en primer término, impide que se abra una etapa intermedia mientras la autoridad federal analiza los planteamientos formulados en el amparo.
Robles Figueroa sostiene que primero debe determinarse si la vinculación a proceso cumplió con los requisitos legales o si, por el contrario, se vulneraron derechos fundamentales de Dana, situación que podría llevar a la reposición del procedimiento.
Señaló que uno de los escenarios que se busca obtener mediante el amparo es precisamente que se revisen las actuaciones realizadas durante el proceso y, en su caso, se ordene corregir las irregularidades detectadas.
Defensa cuestiona actuación de autoridades estatales
El abogado evitó generalizar sobre la actuación de la justicia de Tamaulipas, pero fue particularmente crítico con la investigación realizada por el Ministerio Público que intervino inicialmente en el caso.
Consideró que algunas diligencias se realizaron "al vapor" y que las deficiencias de la investigación han comenzado a quedar expuestas conforme avanza el procedimiento.
También hizo referencia a cambios dentro de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, señalando que la remoción de funcionarios forma parte de las facultades internas de la propia institución.
La defensa ha presentado, además del amparo y la apelación, tres quejas contra la juez, así como diversos escritos y promociones encaminados a cuestionar las decisiones adoptadas durante el proceso.
Buscan otras alternativas para que Dana enfrente el proceso en libertad
El abogado explicó que la defensa analiza distintas vías para conseguir que Dana pueda recuperar su libertad. Una de ellas sería el resultado del recurso de apelación, cuya audiencia está prevista para el 14 de septiembre.
De acuerdo con la defensa, si el Tribunal determina revocar la vinculación a proceso, Dana podría recuperar su libertad en ese momento.
Otra posibilidad sería que el juicio de amparo prospere y la justicia federal determine que deben modificarse o reponerse actuaciones del procedimiento.
La defensa también contempla solicitar una revisión de la medida cautelar, aunque señaló que esta petición sería planteada ante una nueva juzgadora, debido a los cuestionamientos que ha formulado contra la juez que actualmente conoce del expediente.
Asimismo, el abogado mencionó la posibilidad de que, en caso de una modificación de las condiciones procesales, Dana pudiera continuar el proceso bajo una medida cautelar distinta a la prisión, incluso en su domicilio, conforme a las alternativas contempladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Señalan posible cambio de juez. El litigante confirmó que la defensa ya presentó un escrito para solicitar que la actual juzgadora deje de conocer del asunto.
Explicó que será la instancia correspondiente la que determine si procede la separación de la juez y, posteriormente, deberá designarse a otro juzgador para continuar con el proceso.
La defensa confió en que quien eventualmente asuma el caso actúe con imparcialidad y respete las garantías procesales de Dana. "Lo único que pedimos es justicia, legalidad, honestidad y transparencia", expresó.
Reclaman falta de seguimiento a compromisos federales
El abogado también informó que, después de una reunión en la que la presidenta Claudia Sheinbaum habría expresado su postura sobre el caso y la necesidad de investigar la situación de Dana, la defensa no ha tenido hasta ahora un acompañamiento institucional permanente por parte del Gobierno Federal.
Según explicó, se había establecido el compromiso de dar seguimiento al caso y permitir una mayor participación de autoridades federales, pero hasta el momento no se ha concretado un acercamiento formal con la Fiscalía General de la República ni con la Secretaría de Gobernación.
Tampoco, dijo, han recibido acompañamiento directo del Gobierno de Tamaulipas después de ese encuentro.
No obstante, reconoció que la presión pública, el trabajo de activistas y las acciones emprendidas por la propia defensa han contribuido a que el caso tenga mayor atención.
Aseguró que actualmente personal de la Fiscalía General de la República ya realiza actos de investigación relacionados con Dana y que incluso se han presentado peritos para desarrollar diligencias.
Confían en obtener la libertad de Dana
El abogado insistió en que la defensa mantiene abiertas varias posibilidades jurídicas para buscar la libertad de Dana. Entre las fechas y procedimientos que consideran relevantes se encuentran la resolución del amparo, la audiencia de apelación prevista para el 14 de septiembre y una eventual revisión de la medida cautelar ante un nuevo juez.
Sostiene que Dana es víctima de un proceso que, desde su perspectiva, ha presentado diversas irregularidades y reiteró que continuará utilizando las herramientas legales disponibles para demostrar su inocencia.
También aseguró que la joven se mantiene firme pese a la situación que enfrenta y que, aunque se encuentra afectada por la muerte de Dafne, mantiene la convicción de que no tuvo participación en los hechos y de que eventualmente podrá recuperar su libertad.
La estrategia jurídica, explicó, continuará por las tres vías que actualmente se encuentran activas: el proceso penal, la apelación y el amparo ante la justicia federal.