Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, exintegrante de la Policía Estatal de Tamaulipas, fue detenida en Altamira por su probable participación en la masacre de Camargo, donde 19 personas, entre ellas 17 migrantes centroamericanos, fueron asesinadas en enero de 2021.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó este martes 27 de octubre que elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión el lunes 26, en la colonia Albañiles.
El mandato fue emitido por una jueza de control por el delito de homicidio calificado. Tras su captura, la exagente quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento penal.
Fiscalía no detalla el papel que habría tenido la exagente
El comunicado relaciona la aprehensión con los hechos ocurridos en Camargo, pero no precisa qué conducta específica se atribuye a Berenice “N” ni las circunstancias de su presunta intervención.
La Fiscalía la identifica como exintegrante de la Policía Estatal de Tamaulipas, sin señalar que haya pertenecido a la extinta Policía Federal.
La masacre de Camargo dejó 19 víctimas
El 23 de enero de 2021 fueron encontrados los cuerpos calcinados de 19 personas en Camargo, cerca de la frontera con Estados Unidos. Entre las víctimas había 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos.
Las investigaciones y el proceso judicial posterior establecieron la participación de policías estatales en la persecución y el ataque contra los vehículos en los que viajaban las víctimas, así como en la alteración de la escena para ocultar lo ocurrido.
En octubre de 2023, 11 policías recibieron penas de 50 años de prisión. Otro agente, que colaboró en el esclarecimiento de los hechos, fue condenado a 19 años, de acuerdo con la Fundación para la Justicia, organización que acompaña a familiares de las víctimas.
Familias han reclamado esclarecer responsabilidades y reparar el daño
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 168VG/2024 a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas por violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con el caso.
Las medidas de reparación incluyen atención médica, psicológica y tanatológica, compensación económica y garantías de no repetición.
En enero de 2026, al cumplirse cinco años del hallazgo, la Fundación para la Justicia denunció que las familias continuaban sin recibir reparación integral y reclamó investigar otros niveles de responsabilidad, incluida la cadena de mando.