El programa federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como autos “chocolate”, concluyó el pasado primero de enero luego de que se detectaran diversas irregularidades en su operación, particularmente en el Registro Público Vehicular (REPUVE), informó la Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Reynosa.
De acuerdo con el organismo, durante la vigencia del programa se legalizaron vehículos que no cumplían con los requisitos establecidos en el decreto, lo que derivó en un uso indebido del esquema de regularización y, finalmente, en su cancelación.
Entre los abusos detectados se encuentra que algunos tramitadores no verificaban adecuadamente la documentación de los vehículos, lo que permitió el ingreso al padrón de unidades que no eran elegibles para el beneficio, ya sea por su año-modelo, por su procedencia o por inconsistencias en sus papeles.
Asimismo, comerciantes y usuarios señalaron que el proceso se volvió cada vez más lento y burocrático, lo que generó filas prolongadas, retrasos en la entrega de documentos y la necesidad de recurrir a intermediarios, situación que también favoreció prácticas irregulares.
Otro de los problemas reportados ocurrió en retenes carreteros y puntos aduanales, donde algunos propietarios de vehículos ya regularizados fueron presuntamente extorsionados bajo el argumento de que su trámite no era válido o había sido realizado de manera irregular, a pesar de contar con comprobantes oficiales.
La Asociación de Comerciantes de Autos Usados advirtió que con el fin del decreto, miles de vehículos quedarán ahora en situación irregular, por lo que sus propietarios deberán recurrir a un proceso de importación definitiva, cuyo costo supera los veinticinco mil pesos por unidad.
Esta situación impactará de manera directa a las familias de la frontera, donde el uso de vehículos de procedencia extranjera es común por razones económicas y de movilidad, y también afectará al sector comercial relacionado con la compraventa de autos usados.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a las autoridades federales para que se revisen los mecanismos de regularización y se diseñen esquemas más transparentes, ágiles y justos, que eviten abusos y garanticen certeza jurídica a los ciudadanos.