Después de la aprobación en lo general de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, el senador Waldo Fernández respaldó su aprobación, asegurando que constituye “una respuesta contundente del Estado mexicano frente a uno de los delitos más extendidos y dañinos del país”.
Fernández aseguró que esta iniciativa, la cual fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, marca “un momento decisivo” para el país, pues posibilita un cambio estructural para enfrentar este delito.
Del mismo modo, el senador destacó que la extorsión se ha convertido en “uno de los flagelos más dolorosos y persistentes que enfrentan millones de mexicanas y mexicanos”, pues despoja a la ciudadanía de su tranquilidad, frena la actividad productiva y afecta gravemente el tejido social.
Por ello, el legislador destacó que la iniciativa establezca un tipo penal uniforme en todo el país, endurezca las penas con más años de cárcel y garantice que el delito sea investigado y perseguido de oficio. Asimismo, reconoció el endurecimiento de penas para servidores públicos que omitan denunciar actos de corrupción vinculados con este delito.
“La complicidad, activa o pasiva, no tendrá espacio en las instituciones”, afirmó.
Además, destacó la incorporación de denuncias anónimas a través del 089, así como la creación del Centro Nacional de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, que permitirá fortalecer la coordinación entre Federación, estados y municipios.
Con esta norma también se obliga a los centros penitenciarios a bloquear llamadas desde el interior de las cárceles, donde operan muchas redes criminales.
Fernández aseguró que es especialmente necesaria para estados como Nuevo León, el cual es una de las entidades que más ha padecido la presión criminal por cobro de piso, extorsión telefónica y hostigamiento a transportistas, comerciantes y empresarios.
Por último, aseguró que esta nueva ley brindará a las autoridades del estado un marco nacional sólido, mecanismos de inteligencia compartidos y una estrategia integral de atención a víctimas y prevención del delito.
“Esta nueva Ley General contra la extorsión es una victoria de la ciudadanía que nunca cedió ante el miedo. Desde esta tribuna refrendo mi respaldo absoluto: México quiere vivir en paz y recuperar su derecho más elemental: vivir y trabajar sin miedo”, concluyó.