A pesar de que señalaron que no están obligados por ley a entregar información, notarios públicos de Nuevo León acudieron al Congreso local para entregar un informe dirigido a la Comisión Anticorrupción.
El motivo de esta acción se dio porque Armida Serrato, presidenta de la comisión, solicitó información al gremio sobre operaciones inmobiliarias del gobernador Samuel García, respecto al juicio político que se inició en su contra.
Sergio Gil Valdez, notario 56, mencionó que el Congreso local no es autoridad judicial ni fiscalía para solicitar datos; sin embargo, él acudió a entregar los de buena fe.
“En mi caso muy particular, como notario 56, en mi archivo no existe nada de los documentos, de las empresas que nos hizo el requerimiento la diputada (Armida Serrato)”, explicó.
Notificamos el día de hoy que no contamos con nada que tenga alguna connotación (sobre operaciones inmobiliarias), tanto en favor como en contra del juicio político del gobernador actual.
Además de Valdez, otros notarios acudieron a la Oficialía de Partes a atender la solicitud que hizo la presidenta de la Comisión Anticorrupción.
El notario 56 consideró que el Congreso pudo ahorrarse tiempo al solo notificar al Archivo General de Notarios y no a los 178 fedatarios existentes.
“El tema del requerimiento causó mucha controversia en el círculo notarial”, reveló. “Si bien estamos recibiendo una solicitud del Congreso, no cuenta como una autoridad para requerir, no es autoridad judicial y fiscalía, tampoco es el Archivo General de Notarios.
En ese sentido, hubiera sido más eficiente que la misma Comisión (Anticorrupción) hubiera requerido al Archivo General de Notarías, que es parte del mismo Estado, para que les dijera: ‘Aquí están todos los notarios, aquí te damos el archivo de cada uno de los notarios’. Hubiera sido más rápido, más económico y eficiente que pedirles a los 178 notarios que somos”.
Valdez desconoció si Serrato envió las solicitudes a todos los notarios para “hacer ruido mediático”; sin embargo, adelantó que presentará una iniciativa para dejar claro en qué casos se les puede obligar a rendir un informe.
Buscan transparencia en candidatos
Sergio Gil Valdez, Notarios 56, presentó una iniciativa a la Ley Electoral del Estado para que los aspirantes a cargos de elección popular transparenten su preparación académica y profesional, además de que garanticen una buena salud mental.
El fedatario explicó que el objetivo es que el elector conozca mejor a los candidatos y pueda tener más información al momento de emitir su voto.
“Es una iniciativa que tiene como fin el poder modificar la Ley Electoral, principalmente distintas leyes en materia electoral, para tener una garantía de que nosotros como ciudadanía constatemos y tengamos la certeza de que la gente que se postula a un cargo de elección popular tenga una constancia, ya sea privada o pública, emitida por un instituto profesional, en el tema de la salud mental”, detalló.
“Es muy importante para nosotros saber si una persona que va a tomar la decisión sobre vidas de miles, cientos de miles de personas en el país, pues está bien de sus facultades mentales”.
