La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró que mantiene acciones para garantizar la reparación del daño a las víctimas del presunto fraude inmobiliario de Proyectos 9, luego de que afectados se manifestaran al exterior de la institución para exigir respuestas y avances en el caso.
El fiscal general, Javier Flores Saldívar, defendió las actuaciones de la dependencia y señaló que se han realizado aseguramientos de cuentas bancarias e inmuebles, además de operativos para detener a personas relacionadas con las investigaciones.
“Yo les puedo asegurar que día a día se están haciendo actuaciones por parte de la Fiscalía. Prueba de ello es que una persona que andaba prófuga el viernes antepasado, se le detuvo con un operativo en el cual se utilizó mucha inteligencia para llevar a cabo esa detención”.
El funcionario sostuvo que el objetivo de la institución es lograr que las personas afectadas recuperen su patrimonio y respaldó el derecho de los manifestantes a expresar sus inconformidades.
“La finalidad nuestra como Fiscalía es en forma definitiva que exista una reparación del daño para las víctimas. Les consta que se han asegurado cuentas, inmuebles y una serie de actividades tendientes única y exclusivamente a buscar la reparación del daño de las víctimas. En cuanto a su derecho a manifestarse, adelante, con todo gusto lo pueden hacer, es un derecho que tienen”.
Al ser cuestionado sobre la situación jurídica de Manuel “N”, socio de la desarrolladora, detenido en San Pedro, Flores Saldívar indicó que ya se encuentran ejecutadas las resoluciones que ordenan mantenerlo privado de la libertad.
“Hasta donde recuerdo, yo tenía cuatro o cinco órdenes de vinculaciones en las que se les pedía la restricción de la libertad.
Actualmente se encuentran ejecutadas dichas autos de vinculaciones; se encuentra privado de su libertad en el Cereso de Apodaca”.
La declaración se dio luego de que un grupo de afectados, encabezados por Luis Silva, acudiera a las instalaciones de la Fiscalía para exigir claridad sobre el caso.
Los manifestantes cuestionaron el traslado de José “N” del Penal de Apodaca al Hospital Universitario, ocurrido el pasado 28 de octubre, sin que presuntamente las autoridades judiciales ni la Fiscalía tuvieran conocimiento previo.
Los afectados también señalaron que el presunto fraude inmobiliario acumula más de 440 denuncias y que el número de víctimas habría aumentado a cerca de 400 personas, con un daño patrimonial estimado en mil 200 millones de pesos.
Entre sus exigencias está esclarecer quién autorizó el traslado hospitalario y garantizar que puedan recuperar el dinero que invirtieron en los desarrollos inmobiliarios.