En los próximos días, se cumplirá un año de dos desastres ambientales graves provocados por las empresas Ternium y Pyosa en Nuevo León, que afectaron el entorno de la urbe regia y, hasta el momento, no parecen haberse tomado acciones lo suficientemente contundentes para evitar que esos derrames se repitan.
Cuando menos, se desconoce públicamente si se aplicaron las sanciones acordes al daño que ocasionaron.
Expertos afirman que pese a la magnitud de lo provocado, las empresas involucradas y otras que manejan sustancias tóxicas, no han elaborado una política estricta para evitar este tipo de afectaciones.
Se trata de los derrames de las empresas Ternium y Pyosa que el 17 de abril y 13 de mayo, del año pasado, respectivamente, dejaron escapar cientos de miles de sustancias tóxicas a los arroyos La Talaverna y Topo Chico.
Estos recorrieron decenas de kilómetros matando flora y fauna a su paso, según constató en su momento INFO7.
En el caso de Ternium, se anunciaron multas económicas tanto de la Procuraduría de Medio Ambiente del estado y Conagua por $86.6 millones de pesos en conjunto, pero se desconoce si realmente se aplicaron pues la mismas autoridades discutían que competencia tenía cada una.
En el peor de los escenarios está Pigmentos y Óxidos S.A., (Pyosa) pues a esta de plano, no se le sancionó de ninguna manera, salvo una clausura aplicada el día de los hechos.
Aunque ambas compañías realizaron labores de contención, la percepción de carencia de protocolos estrictos de revisión permanente ha provocado que activistas y voces ciudadanas califiquen las medidas actuales como insufi cientes y demanden la reubicación de las empresas.
La activista ambiental Ivonne Bustos afirmó que estos casos, pese a la gravedad, “no dejaron ninguna lección” pues las autoridades, principalmente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no ha creado ningún protocolo de revisión de las plantas y verificación constante para evitar derrames.
Además, señaló que, en el caso de Ternium, no hay manera de comprobar que realmente, se les haya aplicado las multas millonarias.
“Yo creo que sería un llamado a la Profepa, directamente a la Procuradora, para que nos dé seguimiento de estas sanciones del impacto causado, si es que lo hubo, o determinar el tamaño del impacto y pues recordarles que la zona metropolitana de Monterrey tiene retos ambientales muy importantes de aire, de agua, de suelo”, indicó Bustos.
También criticó el hermetismo con el que las empresas operan tras los desastres ecológicos.
“Si la autoridad no sanciona, pues lamentablemente hay impunidad y las empresas pues se sienten con esa protección y ni siquiera le abren la puerta a los medios de comunicación para informar más allá de comunicados que ponen en sus páginas oficiales”, señaló la activista.
Ternium es una acerera que capitanea el empresario argentino Máximo Vedoya.
