Cada vez más voces al interior del Congreso local se suman para realizar reformas legales para “blindar” a los compradores de departamentos y casas bajo el esquema de preventas, que pone enriesgo las inversiones de sus clientes.
El diputado del PAN, Luis Susarrey, al igual que hicieron hace unos días el morenista Waldo Fernández, y el emecista Eduardo Gaona, planteó presentar reformas de ley para blindar a los compradores contra las preventas y que el desarrollador exhiba el capital y el cliente no corra riesgos.
Con esto se busa evitar caer en situaciones de un paro en la construcción de edifi cios departamentales, lo cual se da porque la mayoría de los desarrollos se realizan balo el esquema de preventas.
Este tema ha tomado fuerza dentro del Congreso local, luego de que INFO7 documentó la fragilidad del sistema de preventas, y que un ejemplo de ellos es que debido a problemas económicos de la empresa internacional de Inversiones (IDEI), del desarrollador inmobiliario Alberto de la Garza Evia, había retrasos en la entrega de departamento y que incluso algunos clientes ya denunciaron el hecho ante la Profeco.
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El legislador albiazul dijo estar de acuerdo en realizar reformas legales para blindar a los compradores de las preventas, y que para ello se requieren realizar mesas de estudio en el Congreso.
“Tendría que analizarse con peritos, con urbanistas y con personas que desde el servicio público han tenido funciones en el área de desarrollo urbano, porque son cuestiones jurídicas, cuestiones técnicas y luego también de repente los políticos salimos con ocurrencias que en lugar de facilitar, complican los procesos”, subrayó.
Y aseguró que las leyes deben tener garantías tanto para los compradores de departamentos, como para los desarrolladores, con el fin de evitar caer en situaciones de un paro en la construcción de edificios departamentales.
Además, puntualizó que, aunque si hay casos en donde los desarrolladores no cuentan con el capital suficiente para iniciar o terminar la obra, en otras ocasiones también es por corrupción por parte de las mismas autoridades. Por lo cual, se deben buscar garantías en las leyes para que tanto el comprador como el desarrollador estén protegidos en ambos casos.
Por último, explicó que el gobierno debe de tener un límite para expedir los permisos de construcción y así, que el cliente tenga esa garantía de que por parte del ayuntamiento todo está en regla.