La Secretaría de Desarrollo Urbano de San Pedro enfrenta una nueva baja en su equipo directivo en menos de una semana, en medio de una creciente polémica por presuntas irregularidades en la autorización de proyectos inmobiliarios.
Tras la destitución de Juan Francisco García Fernández como director de Control Urbano, ahora fue José Gerardo Elizondo Gorena, titular de la Unidad de Modernización de la Gestión de Desarrollo Urbano, quien presentó su renuncia voluntaria.
Elizondo Gorena notificó su salida a través de un mensaje en un chat interno de la Secretaría.
"Hoy tomé la decisión de renunciar voluntariamente a mi puesto de director de Modernización Urbana para enfocarme en mi maestría y cursos diversos que me han estado invitando", expresó el funcionario.
La renuncia fue formalizada la tarde del lunes ante el secretario de Desarrollo Urbano, Fernando Garza Treviño, y el secretario general municipal, Luis Susarrey y confirmada a El Horizonte por este último.
Elizondo Gorena, ya había ocupado cargos similares en la administración pasada del exalcalde Mauricio Fernández Garza.
Esta nueva salida se produce en un contexto de tensión institucional tras la controversia que rodeó la destitución de García Fernández, quien fue señalado por intentar modificar de manera irregular el Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de un desarrollo inmobiliario.
La propuesta, que buscaba incrementar el CUS de 1.8 a 9.34 lo que permitiría pasar de 29 a 310 viviendas fue considerada una grave violación a las políticas de ordenamiento territorial del municipio.
Según el comunicado oficial del Ayuntamiento, la decisión de separar a García Fernández fue tomada por la "pérdida de confianza" y por "serias dudas sobre su honorabilidad y desempeño en la gestión de permisos urbanísticos".
En su lugar, fue nombrada Roxana Morales, anteriormente directora Jurídica de la misma dependencia, con el objetivo de reforzar la vigilancia en los procesos de autorización y garantizar la integridad de los desarrollos inmobiliarios en el municipio.
La salida casi simultánea de dos altos funcionarios revela fisuras internas en la gestión urbanística de San Pedro, y plantea interrogantes sobre la solidez de los controles administrativos del municipio.