El diputado local del PAN, Luis Susarrey, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Protección Civil de Nuevo León para que el Estado y los municipios metan en orden a las empresas que instalan y operan los elevadores en edificios.La iniciativa la entregó en el Congreso Local para su estudio y dictamen, luego de que INFO7 documentó el caos que predomina en el servicio en edificios de empresas y edificios de departamentos, incluyendo condominios, además de hospitales, hoteles, escuelas, centros comerciales, fábricas y oficinas.Las quejas abundan cotidianamente por fallas y ascensores descompuestos, usuarios 'atrapados' que quedan imposibilitados para salir pronto en emergencias o rumbo al trabajo y escuela, además de cuotas elevadas y falta de mantenimiento, sin que nadie se haga responsable y poniendo en riesgo a los habitantes. Te puede interesar: Empresas de elevadores dan a los condóminos... ¡en la torre!También se ha denunciado la concentración del servicio en unas cuantas empresas.El legislador reconoció que hay un vacío legal, es decir, no hay un marco normativo local que faculte a Protección Civil a ejercer la inspección, control y vigilancia en establecimientos habitacionales, comerciales o de usos mixtos que tengan elevadores.Ante eso, pidió reformar el artículo 26 de la Ley de Protección Civil de Nuevo León para que esa dependencia pueda ingresar a edificios y sitios habitacionales, comerciales, industriales y de uso mixto a hacer supervisión, y a otros establecimientos que por su magnitud sean similares y que ocupen un área mayor a los mil 500 metros cuadrados.'No hay un marco normativo local que faculte a Protección Civil a ejercer la inspección, control y vigilancia, y desde hace mucho tiempo muchos habitantes de Nuevo León se quejan sin poder encontrar una solución', lamentó.De las facultades dadas a Protección Civil Estatal, se derivarían obligaciones para Protección Civil de los municipios.Y se busca obligar a los proveedores del servicio de instalación, operación y mantenimiento de elevadores a atender en menos de tres días naturales cualquier solicitud de reparación o mantenimiento reportada por un cliente o por la autoridad.El legislador expresó que para el análisis de la propuesta se deberán hacer mesas de trabajo con autoridades y prestadores del servicio.