Ante el incremento de denuncias relacionadas con agencias de viajes y proveedores que incumplen servicios contratados tras recibir pagos anticipados, la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Nuevo León y crear una figura específica para sancionar el fraude en servicios turísticos.
La propuesta busca fortalecer las herramientas legales para actuar contra quienes ofrecen paquetes vacacionales, hospedaje o transportación sin contar con la capacidad real para cumplir con lo prometido, afectando a decenas de consumidores y provocando pérdidas económicas considerables.
Proponen crear una figura específica para el fraude turístico
La legisladora planteó incorporar el Artículo 386 Bis al Código Penal estatal con el objetivo de equiparar al fraude la oferta, promoción o contratación de servicios turísticos que no puedan ser prestados, así como el incumplimiento injustificado después de haber recibido pagos totales o parciales por parte de los clientes.
De acuerdo con la iniciativa, la reforma responde a un patrón recurrente de casos en los que empresas o agencias reciben anticipos por viajes, hospedajes o traslados y posteriormente cancelan los servicios, incumplen lo pactado o desaparecen sin devolver el dinero.
"Estamos hablando de esquemas que afectan simultáneamente a decenas de personas y generan pérdidas millonarias. La autoridad debe contar con herramientas para actuar con mayor rapidez y evitar que estos casos queden impunes", señaló Brenda Velázquez.
Fiscalía podría investigar sin esperar denuncias individuales
Uno de los cambios más relevantes contempla modificar el artículo 408 del Código Penal para que el fraude turístico deje de depender exclusivamente de denuncias particulares y pueda ser investigado de oficio por la Fiscalía.
Con esta medida, las autoridades tendrían la facultad de iniciar investigaciones cuando detecten afectaciones colectivas o patrones de fraude, sin necesidad de esperar a que cada una de las víctimas presente formalmente una querella.
La legisladora consideró que este mecanismo permitiría una respuesta más rápida ante casos masivos que involucran a múltiples consumidores afectados por un mismo proveedor.
Aumentan quejas por incumplimientos en servicios turísticos
Como sustento de la propuesta, Velázquez señaló que durante 2025 se registraron 73 quejas contra proveedores de servicios turísticos en Nuevo León, mientras que en los primeros meses de 2026 se acumularon otras 22.
Las principales inconformidades reportadas están relacionadas con incumplimientos de contratos, cancelaciones de viajes y negativas para realizar devoluciones de dinero a los usuarios afectados.
La iniciativa también contempla la posibilidad de inhabilitar a los responsables para operar como prestadores de servicios turísticos, además de aplicar medidas legales contra empresas involucradas en este tipo de prácticas.
"No podemos permitir que quienes juegan con el patrimonio de las familias sigan aprovechando vacíos legales. Esta reforma busca enviar un mensaje claro de que habrá consecuencias para quienes engañen a los consumidores", agregó la diputada.
De ser aprobada por el Congreso local, la reforma convertiría al fraude turístico en uno de los pocos delitos patrimoniales que podrían perseguirse de oficio en Nuevo León.
La propuesta busca facilitar la actuación de las autoridades frente a casos que afectan a un gran número de personas, especialmente durante temporadas vacacionales, cuando aumentan las contrataciones de paquetes turísticos y los riesgos de ser víctima de engaños relacionados con viajes y hospedajes.