La familia de María Isabel Hernández Marcelino, víctima mortal de la explosión de una gasera en Juárez el pasado miércoles, además del dolor emocional atraviesan una dura crisis económica.
No cuentan con recursos para sacar el cuerpo del Semefo ni tampoco para su traslado a San Luis Potosí, su tierra natal.
Su madre, Juliana Marcelino, está desesperada ya que para el traslado le cobran 25 mil pesos y por el acta de defunción 2 mil 600 pesos.
La empresa Gas Saga, en donde laboraba María Isabel, no ha indemnizado a la familia.
Hernández Marcelino tenía tres hijos, uno de ellos está a cargo de su padre y habitan en el municipio de Juárez.
Los otros dos, de 9 y 11 años, quedaron desamparados, ya que ella se encargaba de su manutención.