Otorgan amparo a gobernador de Nuevo León contra reformas

Un juez de Distrito de Tamaulipas concedió una suspensión de amparo al gobernador de Nuevo León, Samuel García contra todas las reformas aprobadas por el Congreso Local que le quitan facultades al mandatario. Lo anterior, al determinar que no entre en vigor el decreto 340 publicado en la Gaceta Legislativa el pasado 8 de marzo, que entre otras cosas quitaba al Poder Ejecutivo el derecho de vetar a un candidato a Fiscal General, nombrar su gabinete y al secretario General de Gobierno. Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas concedió la medida cautelar para que el decreto del Congreso que buscaba, además que los diputados ratificaran a funcionarios de la UIF y SAT, fincar juicios políticos de facto, fincar hechos de corrupción, faltas graves y juicios de jurisprudencia no se publique ni surta efectos hasta que se resuelva el amparo de fondo. Gutiérrez consideró que las reformas que se establecen en el decreto, no pueden aplicarse de manera retroactiva en perjuicio del gobernador, sino que serían aplicables para quien asuma el cargo, resultado de la próxima contienda electoral. “De inicio la aplicación del acto reclamado tendría efectos retroactivos en perjuicio del quejoso, quien como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, asumió ese cargo bajo una normatividad pre-existente conforme a la cual, entre otras funciones, puede integrar su gabinete de gobierno, en ejercicio de determinadas facultades y atribuciones para asignar los nombramientos correspondientes, así como regular el funcionamiento y desempeño de la administración pública inherente a dicho encargo ciudadano". “De esta forma, la entrada en vigor de las reformas contenidas en el Decreto 340 del Congreso de Nuevo León, la limitación y restricción en tales designaciones, funciones y atribuciones, no serían aplicables al quejoso en su carácter de actual Gobernador, sino en todo caso, a quien ejerza la gubernatura resultado de la próxima contienda electoral para ese cargo”, se lee en la resolución. Será el próximo 16 de marzo que se determine si hubo o no desacato por parte del Congreso Local tras la publicación de las reformas pese a que otra suspensión ordenó paralizar todos los procedimientos legislativos relacionadas con el juicio político que iniciaron los diputados en su contra.

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