Nuevo León se ha consolidado durante 2026 como uno de los principales frentes de la estrategia federal contra el robo, almacenamiento y contrabando de combustibles.
La entidad operaba como un importante centro logístico para actividades relacionadas con el llamado huachicol fiscal, modalidad que consiste en la introducción ilegal de combustible extranjero al país, así como para la tradicional extracción ilícita de hidrocarburos de ductos de Pemex.
Su ubicación estratégica, cercana a la frontera con Estados Unidos y con la presencia de la refinería de Cadereyta, convirtió al estado en un punto clave para estas operaciones ilícitas, situación que detonó una ofensiva federal sin precedentes.
Tan solo durante el último mes, autoridades federales realizaron al menos ocho operativos relevantes relacionados con el aseguramiento de combustible y el desmantelamiento de estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos.
Los más de 2.4 millones de litros decomisados equivalen a llenar de combustible aproximadamente 40,000 automóviles de manera simultánea.
Decomisos históricos en la entidad
Las acciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han dejado cifras récord de aseguramientos en Nuevo León.
El operativo más reciente se registró en Cadereyta, donde fuerzas federales aseguraron más de 1.07 millones de litros de sustancias relacionadas con hidrocarburos.
En el inmueble intervenido fueron localizados 671,000 litros de combustible, además de 400,000 litros de un compuesto químico que continúa bajo análisis por parte de las autoridades. También fueron asegurados silos, tractocamiones y diversos contenedores de almacenamiento.
Días antes, entre el 14 y 16 de mayo, se reportó en Allende el decomiso de otros 1.2 millones de litros de combustible.
Asimismo, en Santa Catarina fue descubierto un túnel clandestino conectado directamente a instalaciones de Pemex, donde se recuperaron 205,000 litros de hidrocarburo y se aseguraron múltiples vehículos de carga.
Más recientemente, la FGR informó sobre una investigación derivada del aseguramiento de 64,000 litros de combustible en el municipio de General Bravo.
El decomiso fue resultado de una denuncia anónima que permitió ubicar un tractocamión con semirremolques que transportaba de manera presuntamente ilegal la carga sobre la carretera libre Reynosa-Monterrey.
Golpes a las estructuras financieras
La estrategia federal no solo se ha concentrado en recuperar combustible, sino también en atacar las redes financieras que sostienen estas operaciones.
Mediante cateos simultáneos realizados en San Pedro, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, la FGR ejecutó acciones contra una organización identificada como "Los Petrofactureros".
Durante estos operativos fue detenido el empresario Jesús Ricardo N., señalado como integrante de una red nacional que presuntamente utilizaba hasta 40 empresas fachada para lavar recursos provenientes del contrabando de combustible.
Además, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguró más de 55 tráileres, camiones de carga y contenedores utilizados presuntamente en las operaciones de la organización.
A esta captura se sumó la de José Antonio “N”, conocido con los alias de "El Titán" o "El Mamado", identificado por las autoridades como uno de los operadores principales de una red dedicada al huachicol fiscal mediante combustibles importados ilegalmente desde Estados Unidos.
Escobedo y el hallazgo de un 'huachitúnel'
Uno de los descubrimientos más llamativos ocurrió en el municipio de Escobedo, donde autoridades federales localizaron un denominado huachitúnel tras ejecutar una orden de cateo en un predio ubicado sobre el Libramiento Noreste, a la altura de la colonia Nueva Castilla.
En el lugar, elementos de la Policía Federal Ministerial y personal técnico de Pemex encontraron una excavación vertical de aproximadamente 2.80 metros de profundidad que conducía a un túnel conectado a una toma clandestina.
Las investigaciones permitieron establecer que una manguera de alta presión enlazaba el túnel con un ducto de Pemex localizado a unos 155 metros de distancia.
Los trabajos de inspección tuvieron que ser suspendidos temporalmente debido a la elevada concentración de vapores de combustible, lo que representaba un alto riesgo de explosión para el personal participante.
Posteriormente, ingenieros de Pemex procedieron a inhabilitar la toma clandestina, mientras que las autoridades ministeriales catearon una empresa cercana al sitio, donde aseguraron montacargas y diversa documentación considerada relevante para la investigación.
Todo el material decomisado fue puesto a disposición de la FGR, que continúa integrando las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de las operaciones ilícitas detectadas en la entidad.