Al considerar que pudo haber un posible daño al patrimonio municipal de Apodaca por 700 millones de pesos, Brenda Velázquez, diputada de Morena, exigió al Congreso local y a la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigar este ‘regalazo’.
Mediante un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Diputación Permanente, la legisladora pidió a la ASE hacer una revisión excepcional.
Velázquez manifestó que lo sucedido en Apodaca no puede pasar inadvertido por el Congreso.
“Resulta fundamental para determinar si existieron posibles irregularidades, omisiones, conflicto de interés, colusión, falta de defensa adecuada o violaciones al debido proceso que pudieran haber ocasionado un daño patrimonial al municipio de Apodaca y, en su caso, promover las acciones legales conducentes”, manifestó en la tribuna del Congreso.
Info 7 reveló que un terreno municipal de 120 hectáreas, con un valor estimado de alrededor de 700 millones de pesos, fue cedido a un particular tras un litigio que críticos califican como un “pleito arreglador”, durante la administración del exalcalde de Apodaca, César Garza Villarreal.
Aunque el predio continúa inscrito dentro del patrimonio del municipio, ya existe un acuerdo firmado y protocolizado para su cesión, situación que, según diversas voces, se derivó de una estrategia jurídica deficiente que permitió perder el juicio.
“Diversas declaraciones públicas realizadas por familiares de los donadores originales han señalado la posibilidad de que la defensa jurídica del municipio haya sido deficiente o negligente, situación que, de acreditarse, podría haber contribuido a la pérdida de un activo de alto valor económico y estratégico para las y los habitantes de Apodaca”, expuso Velázquez al Pleno.
“Esta situación no puede pasar inadvertida; ante el impacto que la pérdida de dicho predio podría representar para el patrimonio municipal, este Congreso debe impulsar los mecanismos de fiscalización que permitan esclarecer los hechos y garantizar que todas las actuaciones se hayan realizado con apego a la legalidad”.
Al no obtener la votación requerida para que el asunto pasara directo a la ASE, el asunto fu turnado a la Comisión Anticorrupción para su revisión.