Una mujer circulando por Gonzalitos con un casco que apenas le ajusta; un hombre que quedó inconsciente tras atropellar a una joven que caminaba por la banqueta en el cruce de Juan Ignacio Ramón y Garibaldi; y otro usuario que zigzaguea entre los autos en Padre Mier y Zaragoza, en pleno Centro de Monterrey. Escenas como estas ya forman parte del paisaje urbano y reflejan cómo los scooters operan prácticamente bajo la “ley de la selva”.
Hace un año comenzó el boom de estos dispositivos de micromovilidad y, hasta la fecha, ni el Congreso local ni los municipios metropolitanos han establecido reglas claras para su uso.
Se estima que en la zona metropolitana circulan al menos 2,800 scooters pertenecientes a empresas de renta que operan en Monterrey, Guadalupe y San Pedro, cifra a la que se suman cientos de unidades particulares sin registro oficial.
Mientras tanto, el uso desordenado de estos vehículos en calles, banquetas, parques y ciclovías, así como su abandono en espacios públicos al término de los recorridos, genera riesgos tanto para quienes los utilizan como para peatones y automovilistas.
¿Qué problemas genera la falta de regulación de los scooters?
La falta de regulación complica además la determinación de responsabilidades en caso de accidentes. Actualmente, los usuarios de scooters suelen ser equiparados a peatones, lo que deja amplias zonas grises en materia jurídica y de tránsito.
Especialistas en movilidad advierten que la proliferación de estos vehículos no responde únicamente a fines recreativos. También es consecuencia de una crisis de movilidad y de las deficiencias del transporte público. Por ello, sostienen que no deben ser satanizados, sino regulados mediante normas detalladas que definan espacios de circulación, límites de velocidad, medidas de protección, capacidad de ocupantes y características de los dispositivos autorizados.
Aunque el crecimiento ha sido gradual, expertos señalan que el auge comenzó en septiembre del año pasado, con la llegada de servicios de renta a Monterrey y Guadalupe, y se aceleró en abril de este año con su expansión a San Pedro.
Lo anterior ocurre pese a que en el Congreso local se han presentado al menos tres iniciativas relacionadas con la materia y a que diversos municipios han anunciado la elaboración de reglamentos que, hasta ahora, siguen sin concretarse.
¿Qué establece la ley sobre los vehículos de micromovilidad?
La propia Ley de Movilidad Sostenible, Accesibilidad y Seguridad Vial del Estado establece, desde una reforma aprobada en noviembre de 2023, que corresponde a los municipios definir en sus reglamentos las zonas de circulación, los espacios de estacionamiento y los lineamientos para este tipo de vehículos.
Asimismo, la legislación contempla que sean las autoridades municipales las encargadas de fijar las sanciones aplicables a usuarios de medios de micromovilidad.
Para el especialista en movilidad Moisés López, el reto consiste en encontrar un equilibrio entre la seguridad vial y el aprovechamiento de una alternativa de transporte que cada vez utilizan más personas.
“No puede ser una regulación a rajatabla que satanice a los scooters y los convierta en el origen de todos los problemas. El caos vial no lo generan los scooters por sí solos, sino un sistema de movilidad que enfrenta múltiples deficiencias”, señaló.
Explicó que en distintas ciudades del mundo existen modelos diversos: algunas restringen su circulación en determinadas zonas, otras permiten espacios compartidos con peatones y ciclistas, y varias impulsan infraestructura específica para este tipo de vehículos.
“Hay lugares donde sí se prohíbe su circulación, como en autopistas de acceso controlado, y eso tiene toda la lógica. Pero también existen casos donde pueden compartir ciertos espacios siempre que la velocidad máxima garantice condiciones seguras para todos los usuarios”, agregó.
¿Qué irregularidades se observan en el uso de scooters?
Durante un recorrido por la ciudad, Info 7 constató múltiples irregularidades en el uso de scooters: usuarios sin casco, circulación en sentido contrario, invasión de carriles vehiculares y tránsito sobre banquetas.
Este medio observó, por ejemplo, a un usuario desplazarse a exceso de velocidad por la avenida Ricardo Covarrubias, desde Revolución hasta la calle Independiente, en Monterrey. El conductor únicamente modificó su trayectoria después de que un automovilista le tocó el claxon.
A ello se suma una práctica cada vez más frecuente: el abandono de scooters sobre las banquetas, donde obstruyen el paso peatonal y generan problemas de accesibilidad.
López considera que el crecimiento de estos vehículos es una respuesta directa a la crisis de movilidad que enfrenta el estado.
“El auge de los scooters ocurre en medio de la mayor crisis de movilidad que ha vivido Nuevo León. Es una solución que los ciudadanos encontraron ante las fallas en la provisión de servicios de transporte”, afirmó.
“Si la congestión llegó a niveles inmanejables y el transporte público dejó de ser una alternativa atractiva para muchas personas, resulta difícil justificar que se busque limitar una opción que los propios usuarios adoptaron para desplazarse”, añadió.
¿Por qué los scooters carecen de espacios propios para circular?
La falta de regulación no es el único problema. En la zona metropolitana prácticamente no existen carriles exclusivos para monopatines, por lo que sus usuarios deben compartir espacio con automovilistas en avenidas de alta velocidad o con peatones en banquetas.
La omisión municipal contrasta con lo que ya establece la legislación estatal, que contempla la regulación de estos medios de transporte.
Pese a ello, municipios como Monterrey y San Pedro autorizaron la operación de empresas de renta de scooters sin que existan normas específicas sobre circulación, estacionamiento y seguridad vial, situación que ha incrementado la presencia de estos vehículos en las calles sin garantías claras para usuarios ni peatones.