Hasta en tanto no se resuelva el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión para al Estado para evitar que la Defensoría Pública pase a manos del Poder Judicial.
La resolución fue otorgada por el ministro y doctor, Juan Luis González Alcántara, en la que establece que la operación de la Defensoría, así como el nombramiento del titular continuarán a cargo del ejecutivo estatal hasta que se defina el caso.
“Con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause daño irreparable, procede a conceder la suspensión para que, no se ejecuten, ni se realicen los efectos del acuerdo impugnado. Ello con la finalidad de que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, se conduzca como lo venía haciendo antes de su emisión”, se lee en el documento.
El pasado 14 de abril, el Poder Judicial que encabeza Arturo Salinas tomó el control de la Defensoría Pública con asistencia de la Fiscalía General.
Lo anterior, después que a través de un Acuerdo, el Congreso local transfirió el control de la Defensoría al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, hecho impugnado por la administración del gobernador, Samuel García.