Los cuestionamientos por el terreno de 120 hectáreas que Apodaca perdió en favor de un particular tras un controvertido litigio escalaron ya hasta el Congreso de la Unión.
Y es que la máxima tribuna exhortó la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a investigar la legalidad del proceso y si hubo alguna irregularidad de parte del municipio.
A través de un punto de acuerdo presentado por el senador Waldo Fernández se urgió además a que el ayuntamiento indague internamente las decisiones tomadas por el entonces alcalde César Garza Villarreal.
Senador pide esclarecer la pérdida del predio
Al tomar la palabra ante la Comisión Permanente del Congreso, el legislador argumentó la necesidad de respuestas con la magnitud del daño que representó perder del enorme predio.
“La pregunta no es quién ganó el juicio, la pregunta es qué ganó Apodaca”, cuestionó, “cuando existen dudas legítimas sobre el destino de un bien que pudo representar una reserva territorial estratégica para el municipio, lo correcto es transparentar los hechos y ofrecer respuestas claras a la ciudadanía”.
En ese sentido, el llamado se extendió al Instituto Registral y Catastral de Nuevo León para que se analicen y proporcionen en el marco de una indagatoria, los movimientos relacionados con el terreno.
“Lo que estamos planteando es algo muy sencillo: si todo se hizo conforme a derecho, que se informe; si existen dudas, que se aclaren; y si hubiera irregularidades, que las autoridades competentes las investiguen porque la ciudadanía merece certeza sobre lo que ocurrió.
“El patrimonio público no puede quedar rodeado de dudas. La confianza ciudadana se fortalece cuando las instituciones explican, transparentan y rinden cuentas”, concluyó.
Antecedentes del litigio por las 120 hectáreas
La petición por una investigación formal ocurre luego de que INFO7 documentara cómo Apodaca, en épocas de César Garza Villarreal, perdió un predio ubicado en la comunidad de Agua Fría, cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Evidencia muestra cómo el inmueble fue donado al municipio para la edificación de proyectos comunitarios en la década de los 90s, sin embargo, un particular reclamó y obtuvo la propiedad en 2019 cuando el priista gobernaba.
El juicio fue calificado de “amañado” por apodaquenses como el empresario Felizardo Elizondo y el exalcalde Francisco Elizondo Sepúlveda.
Los documentos señalan además cómo no solo el municipio perdió, sino que también se obligó a autorizar cualquier desarrollo que pretenda el nuevo dueño y a gastar recursos públicos para infraestructura en las inmediaciones.