Los alcaldes de Monterrey, Escobedo y San Nicolás presentaron ante el Congreso local una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado, con el objetivo de incrementar los recursos que reciben los municipios.
La propuesta, impulsada por los ediles Adrián de la Garza, Andrés Mijes y Daniel Carrillo, plantea elevar del 20 al 25 por ciento las participaciones federales destinadas a los municipios, así como aumentar del 6.28 al 30 por ciento la participación municipal del Impuesto Sobre Nómina.
Entre los principales puntos de la iniciativa destaca la creación de un Fondo General Participable para obra pública municipal, el cual se integraría con el 50 por ciento de los excedentes de ingresos propios que registre el Estado en cada ejercicio fiscal.
Asimismo, se contempla la conformación de un Fondo de Participación Registral y Catastral, que distribuiría entre los municipios el 30 por ciento de los ingresos netos generados por el Instituto Registral y Catastral, una vez cubiertos sus gastos de operación.
En cuanto a los recursos por Control Vehicular, la iniciativa propone que los municipios reciban 1.6 cuotas por cada vehículo registrado, frente a las 0.6 cuotas que actualmente se les asignan.
Criterios de distribución y respaldo político
La reforma también establece una nueva fórmula de distribución basada en criterios objetivos como población, eficiencia recaudatoria y contribución al Producto Interno Bruto estatal, además de garantizar un piso mínimo de 20 millones de pesos para municipios rurales o no metropolitanos.
El documento cuenta con el respaldo de alcaldes de distintas fuerzas políticas: el priista Adrián de la Garza, el morenista Andrés Mijes y el panista Daniel Carrillo, quienes aseguraron que la propuesta no busca confrontación con el Gobierno estatal.
En la exposición de motivos, los ediles subrayaron que la iniciativa pretende fortalecer a los municipios mediante una redistribución más justa de los recursos públicos, con reglas claras, transparencia y rendición de cuentas.
Además, señalaron que la asignación de fondos no debe responder a criterios partidistas ni políticos, y advirtieron que los retrasos u omisiones en las transferencias fiscales afectan directamente la capacidad de los municipios para atender las necesidades de la ciudadanía.