Asegura la Fiscalía Anticorrupción computadoras de San Pedro

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La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León confiscó nueve equipos de cómputo que pertenecían a exfuncionarios del Ayuntamiento de San Pedro.

Agentes de la Fiscalía Anticorrupción confiscaron nueve equipos de cómputo que pertenecían a exfuncionarios del Ayuntamiento de San Pedro Garza García.

Esta acción se llevó a cabo tras una denuncia formal presentada el 15 de octubre por Daniel Ruiz, secretario de la Contraloría y Transparencia del municipio; así lo informó el ayuntamiento encabezado por Mauricio Fernández Garza por medio de un comunicado.

Agentes de la Fiscalía General del Estado aseguraron computadoras del municipio San Pedro, en seguimiento a la denuncia de hechos presentada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, se lee en el documento.

La denuncia se centra en la desaparición y posible eliminación de información crucial de once secretarías, lo que ha generado serias inquietudes sobre la transparencia y la integridad de los datos durante la gestión del exalcalde Miguel Treviño de Hoyos.

Hace seis días el alcalde, Mauricio Fernández, había denunciado públicamente la eliminación de datos correspondientes a los seis años que Treviño de Hoyos estuvo en el cargo y expresó su preocupación sobre el manejo de la tecnología.

Esto es una evidencia contundente de que había un dolo. Ya basta de este jueguito que nos quieran hacer creer que no entendemos cómo funciona una nube o la tecnología, afirmó el alcalde el 10 de octubre.

La operación de confiscación fue dirigida por Mario Alberto Mejorado, titular de la Fiscalía Anticorrupción, quien aclaró que será la fiscalía la que decida la dirección de la investigación.

Los nueve equipos asegurados eran utilizados por funcionarios de la administración anterior y su análisis permitirá determinar si hubo alguna irregularidad en el manejo de la información pública.

La investigación no solo cuestiona las prácticas de la administración pasada; también establece un precedente sobre la necesidad de proteger la información pública y combatir la corrupción a todos los niveles de gobierno.

El desarrollo de esta investigación podría tener importantes repercusiones en el panorama político y especialmente contra el exalcalde Miguel Treviño de Hoyos, ya que la eliminación de información pública repercute en un delito.


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