Movimiento Ciudadano acusó a Adrián de la Garza de presuntamente haber utilizado a la Secretaría de Seguridad municipal para desviar al menos $10 millones de pesos, a través de una empresa fantasma, durante su periodo como alcalde de Monterrey.
Los emecistas señalaron que operaciones similares con la compañía, identificada como Murata, fueron también ejecutadas por otras administraciones priistas, así como por dependencias estatales que ligaron al tricolor.
Durante un mensaje a medios de comunicación, en el que no aceptaron preguntas, aseguraron que fueron $116 millones de pesos lo supuestamente desviado en conjunto.
Con respecto al ahora candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, acusaron que en 2017 y 2018 otorgó dos contratos a Murata por concepto de capacitación en materia de género y taller de prevención de accidentes viales, esto, pese a que la empresa se ostentaba de tener el giro de inteligencia militar.
De acuerdo con Miguel Alfonso Meza, denominado consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, y quien presidió el mensaje a medios, la compañía fue catalogada como fantasma en 2021 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Así mismo, presumió que el representante legal de Murata es un hombre dedicado al tatuaje y la fotografía al que le robaron la identidad.
Por su parte, Glen Villarreal, candidato de MC a una diputación local, cuestionó que el abanderado del PRI-PAN-PRD a la alcaldía regia tenga como discurso central la seguridad pese al presunto desvío.
“Esperamos que Adrián de la Garza tenga un poco de vergüenza y antes de empezar a hablar de seguridad acepte que cuando gobernó Monterrey, y en su paso también por la Procuraduría y ahora en la Fiscalía con los empleados que él dejó, y han saqueado con el tema de seguridad y ha costado no solamente millones de pesos si no la seguridad de los ciudadanos de Nuevo León”, dijo.
Otras administraciones locales priistas que habrían contratado los servicios de Murata son la de Juárez, en 2019 con Heriberto Treviño; Guadalupe, en 2018 y 2019 con Francisco Cienfuegos, así como la Secretaría de Educación de la polémica María de los Ángeles Errisúrriz durante el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón.
Además la empresa presuntamente obtuvo contratos del gobierno Federal de Enrique Peña Nieto.