Aceptan parcialmente incidente de nulidad de Navarro
Se otorgó un plazo de cinco días a Javier Navarro para que presente la información que considere necesaria para su defensa
La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Nuevo León que analiza el juicio político contra el secretario general de gobierno, Javier Navarro, admitió que sí se cometieron irregularidades en el proceso, y por esa causa aceptó parcialmente el incidente de nulidad promovido por Navarro, pero ratificó que el procedimiento del juicio sigue.Se emplazó de nueva cuenta a Navarro Velasco, para que en un lapso de cinco días presente la información que considere necesaria para su defensa.Como se sabe, el funcionario fue citado la semana pasada a comparecer ante la Comisión Jurisdiccional, pero no acudió.En la lectura del documento, el Congreso determinó que declara parcialmente fundado el incidente sobre nulidad de notificación o emplazamiento promovido por Velasco Navarro el pasado 23 de noviembre.Por ende, se anuló el emplazamiento realizado al servidor público el 18 de noviembre.Luego, se instruyó a la Oficialía Mayor para que, vía la Dirección Jurídica del Congreso, se dé un nuevo emplazamiento al funcionario.En la sesión, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes y Sandra Pámanes, cuestionaron la ilegalidad del procedimiento y exigieron declarar de manera total la nulidad de la notificación hecha a Navarro.Aseguraron que una de las ilegalidades fue que los líderes estatales del PRI y PAN, José Luis Garza Ochoa, y Hernán Salinas, respectivamente, solicitaron el juicio político como dirigentes, mas no como ciudadanos.Además, la misma Comisión acordó seguir adelante en el mecanismo de juicio político que se le intenta formular al magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa. Esto implica que se abrirá la etapa de investigaciones y las diligencias, pidiéndole a las autoridades proceder con la entrega de documentos certificados.Según las legisladoras de MC, es una 'venganza' contra el magistrado, señalado porque emitió una resolución que impidió publicar modificaciones legales para quitarle al gobernador el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León (UIFE).
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