“Yo no fui”, respondió el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, al ser cuestionado sobre quién ordenó el uso de la fuerza contra manifestantes el 11 de octubre, durante una protesta por la calidad del agua frente a Casa Jalisco.
El funcionario afirmó que supervisaba las actuaciones policiales en el cruce de Montreal, mientras que en la zona de Rubén Darío ocurrieron hechos sobre los que, dijo, existe evidencia y testimonios.
Hernández González señaló que hay declaraciones de policías y mandos, y adelantó que tres mandos involucrados podrían recibir sanciones, dependiendo de los resultados de las investigaciones.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, indicó que aún no es posible determinar qué delitos podrían acreditarse ante las denuncias por presunta tortura contra personas detenidas durante la protesta.
Por su parte, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, justificó que no se revelara quién dio la orden del operativo al argumentar que la información se reserva por protección de los posibles involucrados.
Los funcionarios reconocieron que las personas detenidas fueron llevadas a Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, antes de ser trasladadas a la Fiscalía estatal.
Hernández explicó que los detenidos permanecieron en un área contigua al nuevo C5, entre las calles Montreal y Ontario, porque, según su versión, no había condiciones para trasladarlos en vehículos debido a la cantidad de manifestantes.
La conferencia de seguridad estuvo marcada por los deslindes de los funcionarios respecto al operativo, en el que se denunció el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua contra quienes protestaban por la calidad del servicio.