Sheinbaum llega a su segundo informe con 67% de aprobación

Claudia Sheinbaum llegará este martes a su segundo informe de gobierno con uno de sus principales activos intacto: un respaldo ciudadano de 67%, acompañado de avances en seguridad, inversión y una ambiciosa cartera de infraestructura.

El balance, sin embargo, también exhibe los desafíos que marcarán su siguiente año: una economía que todavía crece a ritmo moderado, mayor presión sobre las finanzas públicas, pendientes en salud y seguridad y una relación con Estados Unidos cada vez más condicionada por las exigencias de Donald Trump.

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la Presidenta consolidó buena parte de las políticas del llamado Segundo Piso de la Transformación, pero también comenzó a enfrentar el reto de imprimir un sello propio a su administración.

Amplió los programas sociales, aceleró vivienda, carreteras y trenes, recuperó para el Estado el control de Pemex y CFE, impulsó nuevas reglas laborales y llevó al Congreso una segunda reforma electoral.

Pero el año también dejó grietas. 

La economía avanzó con dificultad; la inflación volvió a repuntar en agosto; las finanzas públicas enfrentan mayor presión; la salud pública continúa siendo una de las áreas donde la promesa y la realidad no siempre caminan al mismo ritmo; y Morena comenzó a mostrar costos políticos en elecciones locales y en casos como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Aprobación

La aprobación ciudadana sigue siendo uno de los principales activos políticos de Sheinbaum. Una encuesta la ubicó su aprobación en 67% en julio, frente a 33% de desaprobación. En junio había alcanzado 68% y en mayo 69%, por lo que el descenso fue pequeño y no representa, por sí mismo, un cambio de tendencia.

Economía

La fortaleza política contrasta con una economía que exige más explicación. El PIB creció 1.4% durante el segundo trimestre de 2026 respecto del trimestre anterior y 2.1% anual, después de una contracción de 0.3% en el primer trimestre. La recuperación fue real, pero todavía insuficiente para hablar de un crecimiento vigoroso.

El gobierno tiene argumentos favorables: la inversión extranjera directa alcanzó $34,968 millones de dólares en el primer semestre, 2.1% más que en el mismo periodo de 2025; la población ocupada llegó a un máximo histórico de 60 millones de personas y el consumo de los hogares creció 2.3% anual.

El problema es que el crecimiento no ha eliminado las dudas sobre la capacidad fiscal del Estado. La agencia calificadora S&P cambió en mayo la perspectiva de la deuda soberana mexicana de estable a negativa, citando bajo crecimiento y una consolidación fiscal más lenta, además de las presiones derivadas de Pemex y CFE.

A ello se suma que la inflación anual llegó a 3.26% en la primera quincena de agosto, después de varios meses de desaceleración.

La económica del segundo año puede resumirse así: más inversión, más empleo y recuperación en el segundo trimestre, pero menos margen fiscal y un crecimiento todavía modesto.

Infraestructura

En febrero presentó un plan de inversión pública y mixta de $5.6 billones de pesos para 2026-2030, repartido entre energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. Para 2026 se anunciaron $722,000 millones de pesos adicionales al presupuesto.

El programa carretero contempla $397,046 millones de pesos para intervenir cerca de 5,000 kilómetros de carreteras y autopistas, además de 21 puentes. El programa de conservación y “Bachetón” prevé $50,000 millones de pesos para atender 18,000 kilómetros de la red federal.

Los trenes son la otra apuesta emblemática. El gobierno calcula una inversión cercana a $750,000 millones de pesos en proyectos ferroviarios y mantiene como objetivo inaugurar los trenes Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro en 2027. En junio, los avances reportados eran de 37.06% y 19.22%, respectivamente.

El Tren Maya, entretanto, entró en una nueva etapa con infraestructura de carga. El gobierno reportó en junio un avance de 54% en esa primera fase.

La apuesta es clara: utilizar la obra pública como política económica, generadora de empleo y mecanismo para conectar regiones.

El riesgo también es claro: la magnitud del programa aumenta la presión sobre unas finanzas públicas que ya enfrentan mayores necesidades de gasto.

Vivienda

Uno de los programas con mayor ambición social es Vivienda para el Bienestar. La meta sexenal se elevó a 1.8 millones de viviendas, acompañada por acciones de mejoramiento, regularización y reestructuración de créditos. En junio se reportaban 274,000 viviendas en construcción, 24,500 entregadas y 604,000 contratadas.

El programa pretende beneficiar a millones de familias, particularmente trabajadores de menores ingresos. En el caso del Infonavit, hasta diciembre de 2025 se habían reestructurado 4.8 millones de créditos considerados impagables.

Educación

En educación, el gobierno destinó para 2026 más de $1.1 billones de pesos, incluyendo $185,000 millones para becas, recursos para infraestructura y nuevos espacios de educación media y superior. En agosto se anunciaron 37,503 lugares disponibles para educación superior.

Salud

El frente sanitario ofrece avances cuantificables, pero también concentra uno de los mayores desafíos. En agosto, el gobierno informó que durante la administración se habían inaugurado 32 hospitales del IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE. Además, el IMSS-Bienestar reportó 87 proyectos estratégicos por $46,000 millones de pesos.

El gobierno también intenta corregir problemas históricos mediante las llamadas Rutas de la Salud, digitalización de hospitales y distribución de medicamentos a zonas alejadas. La propia Presidenta ha reconocido que todavía existen lugares donde los tiempos de atención son muy superiores a los prometidos.

Laboral

En materia laboral, el aumento del salario mínimo fue uno de los principales resultados del periodo. Desde enero de 2026 el salario mínimo general aumentó 13%, a $315.04 pesos diarios, mientras que en la frontera norte llegó a $440.87 pesos. El gobierno calculó que la medida beneficia a 8.5 millones de trabajadores.

Otro compromiso de mayor alcance fue la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas. El proyecto contempla disminuir dos horas anuales hasta llegar a las 40 en 2030 y beneficiar a unos 13.4 millones de personas trabajadoras.

Jóvenes

Para los jóvenes, Jóvenes Construyendo el Futuro llegó en 2026 con un presupuesto de $25,173 millones de pesos. El apoyo mensual alcanzó $9,582 pesos, equivalente al salario mínimo general. El programa acumulaba más de 3.5 millones de beneficiarios desde 2019.

El desafío es que los programas de empleo y salario se traduzcan en productividad, empleos formales y mejores condiciones permanentes, y no sólo en transferencias o incrementos nominales.

Energía

El segundo año consolidó una de las decisiones ideológicas más profundas del gobierno: la recuperación del papel de Pemex y CFE como empresas públicas del Estado.

El paquete energético aprobado en 2025 expidió ocho leyes y reformó otras disposiciones para devolver a ambas empresas un papel central en la planeación energética. El gobierno lo presentó como una reversión de la reforma de 2013 y como una política de soberanía y justicia energética.

En 2026 se agregó el Programa de Justicia Energética, con una meta de llevar electricidad a prácticamente todo el país hacia 2028 mediante más de 45,000 obras y una inversión de $21,377 millones de pesos.

Pemex también presentó números favorables: procesamiento de 1.5 millones de barriles diarios en 2025, una reducción reportada de más de $20,000 millones de dólares en deuda y una inversión de $425,000 millones de pesos para 2026.

Sin embargo, la empresa sigue siendo uno de los grandes riesgos financieros del Estado. La propia Presidenta reconoció que Pemex requiere apoyo presupuestario para enfrentar fuertes vencimientos de deuda en 2025 y 2026.

Pueblos indígenas

El gobierno también avanzó en el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

El FAISPIAM recibió $12,000 millones de pesos en 2025 y $13,500 millones en 2026, con la intención de convertir esos recursos en una fuente permanente para las comunidades. Los Planes de Justicia incorporan caminos, salud, educación, seguridad y proyectos comunitarios.

El caso purépecha ejemplifica esta política: el gobierno reportó más de $4,000 millones de pesos para caminos, salud, educación y seguridad, además de proyectos de infraestructura y formación médica.

El reto ahora será medir no sólo cuánto dinero llega a las comunidades, sino cuánto poder efectivo tienen éstas para decidir sobre las obras y los recursos.

La otra cara

La seguridad es quizá el rubro donde el gobierno puede presentar el dato estadístico más contundente.

El gobierno reportó una reducción de 51% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de alrededor de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026.

Es un descenso significativo, aunque el problema no desaparece. La violencia regional, las desapariciones, el crimen organizado y la infiltración de intereses criminales en gobiernos locales continúan siendo asuntos centrales.

Y justamente ahí apareció uno de los mayores problemas políticos del segundo año.

Rocha: la crisis que puso a Morena frente al espejo

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, integrante de Morena, fue acusado en Estados Unidos de vínculos con actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Tras separarse temporalmente del cargo, intentó regresar, pero la reacción política fue adversa.

Sheinbaum calificó su retorno como “imprudente” y “no apropiado”. Rocha finalmente volvió a solicitar licencia. La Presidenta sostuvo que México investiga el caso y que no existen elementos suficientes para aceptar automáticamente las acusaciones estadounidenses.

El episodio fue más que un conflicto estatal: exhibió el problema que enfrenta Morena cuando la defensa del movimiento choca con la exigencia presidencial de disciplina institucional.

La frase de Sheinbaum resumió el choque:

“El poder sin principios se convierte en arrogancia.”

Elecciones

El partido gobernante mantuvo el control nacional, pero enfrentó señales de desgaste territorial.

En Coahuila, las elecciones de junio de 2026 fueron un golpe evidente: la coalición PRI-UDC ganó los 16 distritos de mayoría relativa y terminó con 18 de los 25 espacios del Congreso local; Morena obtuvo cinco y el PT uno.

En Veracruz, Morena y PVEM conservaron una presencia importante, pero el mapa municipal quedó lejos de un dominio absoluto: la coalición ganó 60 municipios, mientras Movimiento Ciudadano obtuvo 41, el PAN 34 y el PT 28, entre otros.

En Durango, el partido también tuvo que asumir un crecimiento menos contundente que el esperado. El saldo de los comicios locales mostró que las alianzas y la estructura territorial serían indispensables para mantener la expansión morenista.

El mensaje político es importante: la marca presidencial sigue siendo fuerte, pero no garantiza por sí sola el triunfo local.

Congreso

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la agenda legislativa presidencial tuvo varios frentes.

La iniciativa presentada en marzo propuso eliminar las listas partidistas de representación proporcional, reducir el costo de las elecciones, fortalecer la fiscalización, facilitar el voto extranjero, reducir tiempos de radio y televisión, regular el uso de inteligencia artificial y bots, impulsar democracia participativa, prohibir el nepotismo y limitar la reelección.

Después llegó el llamado Plan B, enfocado en reducir privilegios y gastos de congresos locales y municipios y fortalecer la consulta popular, con un ahorro estimado de $4,000 millones de pesos.

En mayo, Sheinbaum planteó crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE para revisar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada, utilizando información de la UIF, CNBV, CNI y FGR.

El gobierno propuso mover la siguiente elección del Poder Judicial de 2027 a 4 de junio de 2028, además de simplificar las boletas. La elección incluiría cientos de cargos judiciales federales y miles de cargos locales.

En julio, la Presidenta envió una Ley General para homologar la investigación del feminicidio y establecer una pena de 50 a 70 años de prisión, además de 19 agravantes.

Jornada laboral de 40 horas

El proyecto enviado al Senado busca reducir gradualmente la jornada hasta llegar a 40 horas en 2030.

La iniciativa más reciente, enviada el 27 de agosto, propone modificar los artículos 82, 116 y 122 para que quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno y tengan otra nacionalidad deban renunciar a ella antes de solicitar su registro. También plantea impedir durante el ejercicio del cargo la adquisición o solicitud de otra nacionalidad y el uso de documentos de identidad extranjeros.

Es una reforma que ya abrió una discusión política sobre ciudadanía, nacionalidad y soberanía.

La administración también impulsó una nueva política de agua. En septiembre de 2025 Sheinbaum anunció reformas a la Ley de Aguas Nacionales y una nueva Ley General de Aguas bajo una premisa: “dejar de ver el agua como una mercancía”.

El gobierno informó además la recuperación de más de 4 mil 475 millones de metros cúbicos mediante el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

El desafío es mayúsculo: garantizar disponibilidad, enfrentar sequías y sobreexplotación, ordenar concesiones y construir infraestructura hidráulica sin convertir la política del agua en una disputa entre sectores productivos y comunidades.

Donald Trump

Ningún factor externo condicionó tanto el segundo año de Sheinbaum como Donald Trump.

La Presidenta tuvo que negociar aranceles, migración, seguridad, fentanilo, tráfico de armas y la revisión del T-MEC, siempre bajo la insistencia de que México cooperaría sin aceptar subordinación.

En julio de 2025, tras una llamada con Trump, Sheinbaum anunció que México había evitado un incremento arancelario y obtenido 90 días adicionales para negociar.

En enero de 2026 volvieron a hablar. Trump describió a Sheinbaum como una líder “maravillosa” y “altamente inteligente” y dijo que la conversación había sido productiva, centrada en frontera, drogas y comercio.

El momento más simbólico llegó en julio de 2026, cuando Trump invitó a Sheinbaum a la final del Mundial. La Presidenta aceptó y compartió palco con Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney. El encuentro tuvo además una dimensión comercial: los tres mandatarios conversaron brevemente sobre la revisión del T-MEC.

Sheinbaum defendió su presencia con una frase que resumió su estrategia diplomática:

“Es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos.”

El contraste fue evidente. Mientras Canadá entraba en una confrontación comercial más fuerte con Trump, México mantenía una estrategia de negociación y contención. A finales de agosto, esa estrategia seguía evitando una ruptura, pero el futuro del T-MEC permanecía incierto.

El mundo mira a la presidenta

La Presidenta ha buscado convertir la política exterior en otro activo de su gobierno.

En el G7 de Canadá, Mark Carney destacó el liderazgo de Sheinbaum y dijo que era un honor contar con México en el centro de la cooperación internacional.

En la final del Mundial, Sheinbaum aseguró que Trump, Carney, el rey Felipe VI y el presidente español Pedro Sánchez felicitaron a México por su organización del torneo y por la recepción a visitantes y aficionados.

El embajador estadounidense Ronald Johnson llegó incluso a hablar de una “alianza sin precedentes” entre Sheinbaum, Trump y Carney para organizar el Mundial.

No obstante, el reconocimiento internacional no ha sido uniforme. La relación con Estados Unidos continúa marcada por presión en seguridad, migración y comercio, mientras México ha insistido en que cualquier cooperación debe respetar su soberanía.

En cifras