La senadora Mariela Gutiérrez reconoció que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac se aplicó la eutanasia a miles de perros como parte de acciones de control de fauna urbana. La información fue confirmada por la propia legisladora, quien explicó que los procedimientos se realizaron en el Centro de Bienestar Animal del municipio.
El caso se dio a conocer tras la difusión de un video en el que la senadora aborda el tema y confirma que durante su administración se sacrificaron más de 10,000 perros, en el periodo comprendido entre 2019 y 2024.
¿Cuál fue la justificación de la autoridad?
Mariela Gutiérrez indicó que los procedimientos se realizaron conforme a la normativa vigente en materia de bienestar animal, y que en los casos atendidos se identificaron enfermedades incurables o conductas agresivas en los animales.
“Todo fue conforme a las normas oficiales mexicanas”, sostuvo la legisladora al referirse a las acciones realizadas durante su administración.
También señaló que existían reportes y solicitudes de intervención por parte de la población, así como registros documentales de los casos atendidos.
¿Qué establecen las autoridades sobre este caso?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una investigación de oficio por la posible comisión de delitos relacionados con maltrato animal, a partir del material difundido donde se hace referencia al sacrificio de los caninos en Tecámac.
La indagatoria se realiza conforme al artículo 235 Bis del Código Penal estatal, que sanciona causar la muerte a animales que no sean considerados plaga. En caso de acreditarse responsabilidades, las sanciones pueden alcanzar hasta seis años de prisión, con posibles agravantes si hay participación de servidores públicos.
¿Qué establece la normativa sobre la eutanasia animal?
En México, la eutanasia de animales está regulada por normas oficiales que establecen que este procedimiento debe aplicarse únicamente en situaciones específicas, como enfermedades incurables o caso de violencia inminente, y bajo supervisión profesional.
La normativa indica que cada caso debe contar con una valoración previa y que el procedimiento debe realizarse bajo criterios establecidos de bienestar animal.