El Senado de la República aprobó por mayoría calificada y turnó a los congresos estatales la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa establece como requisito indispensable que quienes aspiren a la presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México posean exclusivamente la nacionalidad mexicana.
La modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución determina que los mexicanos por nacimiento que cuenten con otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.
El debate en el pleno derivó en un intenso choque entre la bancada de Morena y la oposición. Mientras defendió la medida como un acto de soberanía y lealtad institucional para quienes encabecen los ejecutivos, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que restringirá los derechos políticos de la comunidad con doble nacionalidad.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Saúl Monreal aclaró que la reforma no pretende modificar el reconocimiento de la doble nacionalidad vigente desde 1997, sino limitar la condición a tres cargos de alta responsabilidad.
Argumentó que poseer una nacionalidad extranjera genera obligaciones y protección diplomática con otro Estado, por lo que la norma busca garantizar un vínculo jurídico exclusivo con México.
En la misma línea, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta, aseveró que la reforma “no está hecha contra nadie” ni contra los connacionales en el extranjero, sino que impone una lealtad institucional previa a la contienda.
Por su parte, la senadora Rocío Corona (PVEM) reforzó la postura oficialista al señalar que para encabezar la nación o los estados se requiere patriotismo pleno: “¿Se es o no se es? A quien dos amos sirve, con uno queda mal”.
Sin embargo, la oposición cuestionó la necesidad del dictamen y alertó sobre el impacto en los mexicanos nacidos o radicados en el exterior.
Alejandro Moreno, coordinador del PRI, anunció el voto en contra de su bancada y afirmó que “tener otra nacionalidad no convierte a nadie en enemigo de la patria”, calificando la exigencia como una barrera restrictiva contra los migrantes.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio (MC) señaló que la medida regula un tema que ya abarca el artículo 32 constitucional y advirtió que obligar a la renuncia previa sujeta las candidaturas a trámites, tiempos y costos de gobiernos extranjeros.
Colosio cuestionó el enfoque en la nacionalidad frente a problemáticas urgentes como la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
Asimismo, la panista Laura Esquivel acusó al oficialismo de vulnerar los derechos de los connacionales: “Morena solo quiere dos cosas de los migrantes, su voto y su dinero (...), pero no quieren que sean votados”, recriminó.
Ante las críticas, Morena insistió en que la doble nacionalidad se mantiene intacta en el país y que la exigencia de renuncia responde únicamente a un requisito específico de elegibilidad para los tres cargos ejecutivos más altos de la nación.
La minuta pasa ahora a la aprobación de las legislaturas locales para su eventual promulgación.