Con 110 votos a favor, el Senado aprobó en lo general el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Con esta nueva ley se incrementan las penas contra los delincuentes, así como a los funcionarios públicos que permitan este tipo de actividades ilícitas.
Con esto también se reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Con estas modificaciones, los funcionarios con facultades para prevenir, investigar, perseguir delitos, procurar o impartir justicia, o encargados de la vigilancia en centros penitenciarios, recibirán penas de diez a veinte años de cárcel si no denuncian ante el Ministerio Público los delitos de extorsión.
Mientras que las autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o permitan la extorsión enfrentarán una pena que va desde los 15 hasta los 25 años de cárcel, con un incremento adicional de tres a cinco años.
Sin embargo, tras los cambios realizados por el Senado, la minuta será nuevamente enviada a la Cámara de Diputados, en donde se deberán avalar las modificaciones.
Estas modificaciones representan un giro significativo respecto a las penas contempladas previamente por la Cámara de Diputados, pues además, estas afectan únicamente al primer artículo del decreto, correspondiente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.