SCJN declara inconstitucional penalizar el aborto

La Corte declaró inconstitucional la criminalización de la mujer que aborta y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo.

 

Por unanimidad, los ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del código penal de Coahuila, que imponía de uno a tres años de cárcel "a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento".

"No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo", argumentó el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

El aborto, cuya criminalización es competencia local, sólo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

Pero ahora, derivado de una impugnación que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización de la mujer que aborta y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.

"El asidero del derecho penal para sancionar a quien interrumpe voluntariamente su embarazo no es aquí una potestad disponible para el legislador, pues están los derechos humanos en juego", indicó la ministra Margarita Ríos-Farjat.

El fallo ha sido "histórico" porque es la primera vez que el Supremo de México "pone al centro de la discusión el derecho a decidir", según el ministro Aguilar.

La decisión del Supremo solo invalida el código penal del estado en cuestión, Coahuila, pero sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.

Además, el proyecto enunció como una de sus implicaciones "la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria".

 

 

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