El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, compareció este martes en la audiencia donde se definirá si es vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, al ser señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de integrar una presunta red dedicada al tráfico y contrabando de combustibles de Estados Unidos a México.
La diligencia inició alrededor de las 18:00 horas, con una hora de retraso, en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, bajo la conducción de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien resolverá la situación jurídica de Ruffo Appel y de otros siete imputados.
Por segunda ocasión, la audiencia fue declarada privada a petición del Ministerio Público, debido a que durante el desarrollo del proceso se expondrían datos sobre otros presuntos integrantes de la organización que aún no han sido detenidos. La sesión se realiza mediante videoconferencia, con la participación remota de fiscales, defensores y algunos de los acusados.
De acuerdo con la investigación, Ruffo Appel habría participado, a través de la empresa Ingemar, en un esquema para introducir combustibles al país mediante transporte ferroviario, reportando un volumen inferior al realmente importado y declarando un tipo de hidrocarburo distinto al que ingresaba, con el presunto objetivo de evadir el pago de impuestos.
Junto con el exmandatario también enfrentan el proceso Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales, Adriana Magali Bárcenas Guillén, Armando Riestra Fernández, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Antonio Barrientos, señalados por su presunta participación en la misma red.
Durante la audiencia, las defensas presentarán sus argumentos y pruebas de descargo, por lo que se prevé que la diligencia se prolongue varias horas, como ocurrió con la audiencia inicial, que se extendió por más de 30 horas.
Se espera que entre la noche del miércoles y el jueves la jueza determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Ruffo Appel y a los demás imputados o, en su caso, ordenar su libertad por falta de pruebas.