La reciente investigación de la justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunta relación con el Cartel de Sinaloa, se inscribe en una serie de casos en los que políticos mexicanos han sido señalados, procesados o incluso condenados por delitos vinculados al narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses acusan al mandatario estatal de participar en una supuesta conspiración para facilitar el trasiego de drogas y recibir sobornos del crimen organizado, señalamientos que han sido rechazados por los implicados.
Casos previos de alto perfil
A lo largo de los años, diversos funcionarios mexicanos han enfrentado investigaciones similares en tribunales de Estados Unidos. A continuación, algunos de los antecedentes más relevantes:
Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), fue investigado por la DEA por vínculos con el Cartel de Juárez. Tras su extradición en 2010, fue condenado a 131 meses de prisión por lavado de dinero relacionado con sobornos del narcotráfico.
Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, fue investigado durante años por autoridades estadounidenses. En 2018 fue entregado a EUA tras su captura en Italia y posteriormente se declaró culpable de recibir sobornos, aunque los cargos por narcotráfico fueron retirados como parte de un acuerdo. Actualmente permanece preso en México.
Roberto Sandoval, exmandatario de Nayarit (2011-2018), enfrenta prisión en México. Durante el gobierno de Donald Trump, fue señalado por recibir sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación a cambio de protección, lo que derivó en sanciones como la prohibición de ingreso a Estados Unidos y su inclusión en listas del Departamento del Tesoro.
Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. No obstante, en 2020 los cargos fueron retirados tras un acuerdo bilateral, y posteriormente fue investigado en México, donde no se encontraron pruebas en su contra.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, representa uno de los casos más emblemáticos. En 2024 fue condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por colaborar con el Cartel de Sinaloa, siendo el funcionario mexicano de mayor rango sentenciado por este tipo de delitos en ese país.
El caso más reciente
El señalamiento más reciente involucra a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde 2021, junto con otros funcionarios estatales, a quienes se les atribuye presuntamente colaboración con la facción de Los Chapitos para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Los acusados han negado de forma categórica cualquier vínculo con el crimen organizado. No obstante, el caso ha generado un amplio debate público y político en México sobre la relación entre autoridades y narcotráfico.
