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Reafirman FGR y ONU compromiso en derechos humanos

Por: Sergio Villarreal

22 Abril 2026, 17:55

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El encuentro concluyó con el compromiso de mantener el trabajo conjunto para consolidar un sistema de justicia más eficaz

Reafirman FGR y ONU compromiso en derechos humanos

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, reiteró el compromiso del Estado mexicano para fortalecer las instituciones de procuración de justicia y atender de manera directa las demandas de las víctimas, con énfasis en el respeto y garantía de los derechos humanos.

Durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la fiscal encabezó un encuentro con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con representantes internacionales y fiscales de las 32 entidades del país, en un ejercicio de diálogo enfocado en los principales desafíos en materia de justicia.

Enfoque en víctimas y fortalecimiento institucional

Godoy Ramos destacó que la estrategia nacional en procuración de justicia se basa en reforzar las capacidades institucionales para dar respuesta efectiva a delitos que impactan directamente a la sociedad, particularmente aquellos relacionados con desaparición de personas, tortura y agresiones contra periodistas.

En ese sentido, subrayó el papel de la Fiscalía especializada en derechos humanos, encargada de articular la atención de estos temas prioritarios, así como de incorporar una visión integral que incluye atención psicosocial y acompañamiento a las víctimas.

Además, señaló que uno de los ejes centrales de esta transformación es la actualización de los protocolos de investigación, con especial énfasis en casos de desaparición, donde también se busca fortalecer el sistema forense para mejorar los procesos de identificación humana.

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En el encuentro se abordó el avance del Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, el cual reconoce que este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino que están vinculados con su labor y buscan inhibir la defensa de derechos.

La fiscal explicó que este instrumento busca alinear la actuación de las autoridades con estándares tanto nacionales como internacionales, además de consolidar mecanismos que permitan una respuesta más efectiva y coordinada.

Asimismo, reiteró que se mantendrá la colaboración con organismos internacionales y sociedad civil para lograr una versión final del protocolo que pueda ser aprobada y aplicada a nivel nacional.

Respaldo de la ONU y retos pendientes

Por su parte, Volker Türk expresó el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado a los esfuerzos del Gobierno de México, particularmente en la construcción de sistemas institucionales que garanticen atención a víctimas de abusos.

El funcionario internacional reconoció avances, pero también enfatizó la importancia de garantizar el derecho a la verdad y de continuar con acciones firmes frente a problemáticas estructurales, como la desaparición de personas.

En este contexto, ofreció cooperación técnica y acompañamiento para fortalecer las políticas públicas en la materia, destacando la necesidad de mantener una coordinación constante entre autoridades y organismos internacionales.

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Coordinación nacional y estrategias de seguridad

Durante la sesión, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, incluyendo resultados en incidencia delictiva y el fortalecimiento de bases de datos de investigación.

Además, fiscales estatales compartieron experiencias y buenas prácticas en temas como búsqueda de personas desaparecidas, desarrollo forense y mecanismos de atención a víctimas, en un ejercicio de coordinación que involucró a las 32 fiscalías del país.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener el trabajo conjunto para consolidar un sistema de justicia más eficaz, que coloque en el centro la dignidad de las víctimas y garantice el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

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