Un juez inició este viernes un juicio por lesiones y delitos contra la autoridad en contra de cuatro personas detenidas tras la protesta del domingo pasado por el agua contaminada en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.
Los cuatro detenidos, todos hombres, fueron arrestados por la policía durante la protesta frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador del estado, Pablo Lemus, y hoy fueron vinculados a un proceso penal, indicó la organización defensora de derechos humanos Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
En México, la vinculación a proceso es una resolución judicial durante la audiencia inicial para determinar si existen elementos y datos de prueba suficientes para iniciar formalmente un proceso penal en contra de una persona.
"Hoy el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social", indicó la ONG, al término de la audiencia de Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez.
"Lamentablemente el juez ha vinculado a proceso, por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, a quienes se han manifestado por defender su derecho al agua", añadió el CEPAD.
El Centro exigió la "liberación por el total de los cargos" y señaló que "nadie debe ser juzgado por ejercer su derecho a la protesta".
La ONG explicó que los cuatro enfrentarán sus procesos en libertad, con medidas cautelares que incluyen presentarse periódicamente a firmar en juzgados.
Además, los abogados del CEPAD, defensa de los acusados, señalaron que la decisión del juez "omitió las pruebas" presentadas por sus defensores.
El pasado domingo, unos 10,000 habitantes del área conurbada de Guadalajara, la segunda más importante de México, protestaron por el agua contaminada que llega a sus casas y fueron recibidos por policías antimotines con gases lacrimógenos, chorros de agua, violencia física, además de detener a 39 personas, según la cifra oficial.
El lunes, el gobernador Lemus defendió el actuar de los policías antimotines que, dijo, habrían respondido a “un grupo de choque” de unas cuatrocientas personas que habrían provocado “un enfrentamiento”.
Un día después y ante la presión social, el mandatario reconoció “graves deficiencias” y “errores” en el operativo policial en el que “hubo uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas” y prometió una investigación.
El jueves, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, anunció que diecisiete policías estatales eran investigados por presunto “uso excesivo de la fuerza” en la protesta ciudadana.
Ese mismo día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación por los abusos policiales durante la protesta, en la que está participando la Secretaría de Gobernación (SEGOB).