Un niño de cinco años, identificado como Fernandito, fue hallado sin vida el pasado 4 de agosto, luego de ser toamdo como "garantía" por unos prestamistas por una deuda de mil pesos.
Testimonios de vecinos de la zona describen el horror vivido por Fernandito mientras estuvo en casa de la prestamista, donde era tratado “como un perro”, golpeado, alimentado en el piso y bañado con agua fría en un lavadero.
Antes de ser entregado, el menor también era víctima de violencia familiar por parte de su padrastro, un hombre con problemas de alcoholismo, según narró Karen Reséndiz, vecina del lugar, quien en varias ocasiones le dio de comer y refugio.
El 28 de julio, vecinos preocupados por el bienestar del menor acudieron al DIF municipal para denunciar el cautiverio del niño en una casa ajena, sin embargo el personal respondió que el caso debía ser tratado por la Fiscalía del Estado de México, lo que dilató cualquier intervención oportuna.
No fue sino hasta el 4 de agosto, tras presión vecinal, que policías municipales ingresaron a la casa de la prestamista, donde encontraron el cuerpo de Fernandito dentro de bolsas de plástico, en avanzado estado de descomposición. Se presume que había muerto varios días antes.
Detenidos tres presuntos responsables del crimen
Tras el hallazgo, las autoridades detuvieron a la mujer prestamista, su esposo y su hija, quienes permanecen bajo investigación por su presunta participación en los hechos. Aún no se ha confirmado oficialmente la causa de muerte del menor.
“Lo golpeaban, tenía hambre, pedía ayuda”
Karen Reséndiz, vecina del niño, reveló que Fernandito buscaba comida en su casa y llegaba llorando por los golpes de su padrastro.
Asegura que lo cuidó en varias ocasiones y que el maltrato era evidente, tanto en su hogar como en la casa donde fue retenido por la deuda.
Por otra parte, el caso ha generado un fuerte clamor de justicia entre la ciudadanía, quienes exigen responsabilidades a las autoridades por no haber actuado a tiempo, a pesar de las múltiples señales de alarma.
Organizaciones civiles y activistas han comenzado a exigir protocolos más eficaces de atención a menores en riesgo, así como investigación a fondo sobre la actuación del DIF y la Fiscalía mexiquense.