El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) resolvió a favor de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, al ordenar a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas por expresiones consideradas ofensivas y estereotipadas emitidas en su programa “La Barra Noticias”.
Durante una reciente transmisión, los comunicadores dieron lectura a la resolución del Tribunal, en la cual se concluye que sus comentarios hacia la mandataria constituyeron violencia política en razón de género, en su vertiente digital y mediática. El fallo fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que los implicados se vieron obligados a acatar la sentencia.
"En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género", leyeron los periodistas de forma separada.
Abraham Martínez, uno de los sancionados, detalló en entrevista que, aunque apelaron la resolución inicial, la instancia federal ratificó el fallo. Martínez enfrenta además otras cinco denuncias promovidas por autoridades por presunto daño moral, violencia política de género y difamación.
Este episodio se da en un contexto de creciente tensión entre la prensa crítica y el gobierno estatal. Recientemente, juezas de control ordenaron al periodista Jorge González Valdez y al periódico TRIBUNA abstenerse de emitir opiniones o referencias sobre la gobernadora Sansores. Asimismo, instruyeron al Tribunal Superior de Justicia del Estado designar a un censor oficial encargado de revisar previamente las publicaciones del medio y los comentarios del periodista. No obstante, a dos semanas de emitida la orden, aún no se ha nombrado al funcionario responsable de dicha supervisión.
Diversos sectores han calificado estas medidas como parte de una estrategia del gobierno estatal para frenar las voces críticas y ejercer control sobre los medios de comunicación independientes.