El Gobierno de México y representantes del sector privado firmaron este miércoles un acuerdo para ordenar la producción, abasto, comercialización y precio justo del tomate, uno de los productos que más ha presionado la inflación alimentaria en los últimos meses y al que autoridades han atribuido hasta 80 % del repunte reciente de los precios.
El convenio, de carácter voluntario, incorpora a la Secretaría de Agricultura y de Hacienda, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), precisó el Gobierno en un comunicado.
También están el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Escuelas de Campo y el programa social Sembrando Vida.
Además incluye a comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, con el objetivo de "garantizar rentabilidad para productores, equilibrio de mercado, abasto suficiente y precios justos para consumidores".
Según el comunicado, el mecanismo apoyará a más de 12,000 productores de pequeña y mediana escala, responsables de una cosecha de al menos 3.7 millones de toneladas de jitomate, de las cuales 50 % se destina a exportación, en una superficie superior a 50,000 hectáreas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el acuerdo busca vincular directamente a productores con compradores para avanzar hacia una “prosperidad compartida”.
En tanto, Agricultura de México implementará una plataforma digital de planeación para asociar capacidad productiva con demanda nacional y compromisos de exportación.
La herramienta incluirá avisos de siembra para planear la producción, mantener el equilibrio del mercado y construir un precio justo.
Los productores también podrán acceder a semillas, plántulas, fertilizantes, protección de cultivo, equipamiento, acompañamiento técnico y manejo sanitario y de inocuidad.
En su ámbito, la Profeco vigilará los precios en puntos de venta final y monitoreará a proveedores y comercializadores para asegurar que los beneficios se trasladen a los hogares.
El acuerdo llega después de una fuerte escalada del tomate, cuyo precio se ubicó en algunos puntos hasta en 80 pesos por kilo, según productores, frente a pagos de 25 a 30 pesos en origen, una diferencia atribuida a intermediación, menor siembra, desabasto y mayor demanda externa.