En un giro inesperado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca ha otorgado un amparo a Mario Aburto Martínez, el confeso asesino de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI. La medida anula la sentencia de 45 años de cárcel impuesta en 1994 por el magnicidio ocurrido durante un mitin en Tijuana, Baja California.
Las múltiples inconsistencias en el caso llevaron al tribunal a dictaminar que Aburto Martínez, encarcelado por 29 años, sea juzgado por homicidio calificado, según el Código Penal del Estado de Baja California, ya que no ocupaba ningún cargo federal al momento del crimen. Este cambio podría resultar en su liberación en marzo del próximo año, de acuerdo con el código estatal vigente en 1994, que establece como máximo 30 años de prisión por este delito.
Incluso se menciona que su libertad podría darse antes, dado que el código penal bajacaliforniano establece como pena mínima al homicidio calificado 16 años de prisión, los cuales se cumplieron en 2010.
En 2022, la Fiscalía General de la República reabrió el caso Colosio, enfocándose en una investigación minuciosa de los eventos ocurridos en Tijuana. La decisión de la FGR también fue influenciada por la solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2021, que pidió la reapertura del caso debido a las presuntas torturas sufridas por Aburto.
El caso ha estado plagado de irregularidades, incluyendo testimonios inconsistentes y presuntas torturas al acusado. La defensa de Aburto ha señalado estas contradicciones, sugiriendo que fue un "chivo expiatorio". A pesar de los años transcurridos desde el trágico asesinato, el caso Colosio sigue siendo objeto de profundo interés y análisis en México.
El revés legal en el caso Aburto-Colosio deja al país en vilo, generando debates y cuestionamientos sobre la verdad detrás del asesinato de Colosio.