En México, diversos tipos de violencia contra las mujeres como la violencia digital, el acecho, la violencia ácida o la violencia económica comenzaron a reconocerse legalmente en los últimos años. Antes de estas reformas, muchas víctimas no podían iniciar procesos legales porque los delitos no estaban tipificados en el Código Penal.
Durante años, múltiples casos quedaron en la impunidad debido a vacíos legales que impedían castigar estas conductas. Sin embargo, la lucha de activistas, colectivas y víctimas de violencia impulsó cambios legislativos que derivaron en nuevas leyes en distintos estados y a nivel nacional.
Muchas de estas normas llevan el nombre de mujeres cuyas historias marcaron un punto de inflexión en la legislación. Aunque surgieron de hechos específicos, hoy forman parte de un marco legal que busca proteger a miles de mujeres en el país.
¿Qué establece la Ley Valeria contra el acecho o stalking?
El acecho o stalking ya es considerado un delito en México gracias a la aprobación de la llamada Ley Valeria. Esta legislación permite sancionar conductas reiteradas de seguimiento, vigilancia o intimidación.

Las sanciones contemplan penas de uno a cuatro años de prisión y multas que pueden alcanzar hasta 400 días. Antes de esta reforma, las víctimas de acoso constante enfrentaban dificultades para denunciar porque estas conductas no estaban contempladas en el Código Penal.
La iniciativa surgió a partir del caso de Valeria Macías, activista originaria de Nuevo León, quien durante cinco años denunció ser víctima de acoso sin que las autoridades pudieran proceder legalmente. En conjunto con la organización Nosotras para Ellas, impulsó el reconocimiento legal de este delito.
¿Qué castiga la Ley Olimpia sobre violencia digital?
La Ley Olimpia es una de las reformas más conocidas en materia de violencia digital en México. Reconoce como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la violación a la intimidad sexual.

La legislación establece penas de tres a seis años de prisión para quienes compartan imágenes, videos o material íntimo sin autorización de la persona involucrada.
El movimiento surgió después de que Olimpia Coral Melo denunciara en 2014 la difusión de un video íntimo sin su consentimiento. En ese momento, la legislación mexicana no contemplaba sanciones para este tipo de actos. Su caso impulsó reformas que posteriormente se extendieron a todo el país.
¿Qué establece la Ley Malena contra ataques con ácido?
La Ley Malena tipifica como delito los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, considerados una forma extrema de violencia de género.

Las sanciones pueden alcanzar hasta 15 años de prisión para quienes cometan este tipo de agresiones.
La legislación lleva el nombre de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista y activista que fue víctima de un ataque con ácido en 2019. A partir de ese hecho inició una campaña para impulsar mecanismos legales que permitieran castigar este tipo de violencia y evitar la impunidad.
¿Por qué surgió la Ley Ingrid en México?
La Ley Ingrid se creó tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años asesinada en 2020. Su caso generó indignación debido a la difusión de imágenes explícitas del crimen.

La reforma establece sanciones para quienes difundan, distribuyan, compartan o filmen imágenes de víctimas de feminicidio u otras agresiones.
Las penas contemplan de dos a seis años de prisión y multas que pueden ir de 500 a 1,000 UMAS, con el objetivo de proteger la dignidad de las víctimas y evitar la exposición de material sensible.
¿Qué cambió con la Ley Monse?
La Ley Monse eliminó del Código Penal la llamada excusa absolutoria, que permitía evitar sanciones a familiares o personas cercanas que encubrieran a un agresor.

Con esta reforma, quienes ayuden a ocultar o proteger a una persona acusada de un delito pueden enfrentar penas de dos a diez años de prisión.
La legislación surgió tras el caso de Monserrat Bendimes Roldán, una joven de 20 años víctima de feminicidio en 2021 en Veracruz. El caso generó debate sobre la responsabilidad de quienes ayudan a evadir la justicia.
¿Cómo funciona la Ley Sabina contra deudores alimentarios?
La Ley Sabina busca combatir la violencia económica contra madres autónomas que enfrentan el incumplimiento de pensiones alimenticias.
La reforma impulsó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, un mecanismo que concentra la información de personas que no cumplen con sus obligaciones económicas hacia sus hijos.

Esta legislación fue promovida por Diana Luz Vázquez Ruíz, quien luchó durante años para obtener la pensión alimenticia que correspondía a su hija Sabina.
Las reformas que dieron origen a estas leyes reflejan cambios en el marco legal mexicano en materia de violencia de género y protección a mujeres. Aunque surgieron de historias particulares, su aplicación busca evitar que conductas similares queden sin castigo en el futuro.