Trece elementos del Ejército mexicano fueron vinculados a proceso por la muerte de dos niñas, Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, ocurrida hace 11 meses en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Así lo informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que brinda acompañamiento legal a las víctimas.
De acuerdo con el organismo, los militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional también enfrentan cargos por tentativa de homicidio en contra de una adolescente de 14 años, un menor de 12 y dos personas adultas, todos miembros de la misma familia.
Disparos contra una familia en Sinaloa
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla. La familia viajaba en una camioneta rumbo a una escuela cuando se encontró con un bloqueo en la carretera.
Según las investigaciones, un convoy integrado por tres vehículos militares abrió fuego en más de cien ocasiones contra la unidad. Aunque inicialmente el hecho fue catalogado como un enfrentamiento, las circunstancias no han sido esclarecidas, pese a que las menores murieron en el lugar.
La organización señaló que los familiares denunciaron el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza, con el objetivo de que se deslinden responsabilidades y se garantice el acceso a la justicia.
Investigaciones y proceso judicial
El Centro Prodh advirtió que, mientras la justicia civil avanzó con lentitud, la jurisdicción militar inició una investigación paralela, lo cual, afirmó, contraviene estándares internacionales sobre el uso del fuero castrense en casos de violaciones graves a derechos humanos.
En este contexto, el pasado 31 de marzo las víctimas fueron notificadas de la ejecución de órdenes de aprehensión contra 13 militares implicados en el caso.
Durante la audiencia, fiscales especializados presentaron pruebas que, según indicaron, acreditan un uso letal de la fuerza sin justificación, calificando la actuación como dolosa.
Defensa y contexto de violencia
Por su parte, la defensa de los elementos castrenses argumentó que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia en Sinaloa, una de las entidades más afectadas por la disputa entre grupos del crimen organizado.
No obstante, la organización subrayó que existe una expectativa de que las instituciones garanticen verdad y justicia en este caso, al considerar que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares suelen quedar en la impunidad.
Impacto del caso y debate nacional
El Centro Prodh sostuvo que el caso de Leidy y Alexa refleja las consecuencias más graves de la estrategia de despliegue militar en tareas de seguridad, política que ha sido respaldada por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.