Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir en México la investigación criminal contra Naasón Joaquín García y otros líderes de la Iglesia La Luz del Mundo por presunta delincuencia organizada, luego de considerar que existieron omisiones graves y falta de cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
La resolución representa un revés al “carpetazo” decretado por la FGR en diciembre de 2025, cuando determinó el no ejercicio de la acción penal en una indagatoria relacionada con denuncias por tráfico de menores, abuso sexual infantil, producción de pornografía infantil y lavado de dinero.
La decisión fue tomada durante una audiencia privada en el Centro de Justicia Penal Federal del Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco, donde el juez de control Juan José Rodríguez Velarde revocó la resolución de la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC).
Con ello, las víctimas podrán retomar su búsqueda de justicia en México y exigir nuevas diligencias contra la cúpula de la organización religiosa.
De acuerdo con Sharim Guzmán y Sóchil Martin, dos de los primeros sobrevivientes y denunciantes del caso, el fallo judicial abre una nueva oportunidad para investigar a fondo lo que califican como una “secta político-criminal”.
Víctimas acusan a FGR de intentar cerrar puertas a la justicia
Durante la audiencia, según denunciaron las víctimas y sus asesores legales, representantes de la FGR defendieron el cierre del caso e incluso solicitaron al juez validar el no ejercicio penal.
“Con sus acciones, la FGR se esforzó activamente en intentar que se cerraran las puertas de la justicia a cientos de víctimas de La Luz del Mundo, entre ellas niñas y niños que han sido abusados y explotados sexualmente por la cúpula de dicha Iglesia”, señalaron.
La defensa sostuvo que la Fiscalía mexicana fue omisa en activar mecanismos de cooperación internacional para obtener información clave reunida por autoridades estadounidenses, misma que llevó a Naasón Joaquín a ser condenado en California a casi 17 años de prisión tras declararse culpable de abuso sexual de menores.
Uno de los principales argumentos del juez para ordenar la reapertura fue la falta de colaboración efectiva entre México y Estados Unidos.
Según fuentes cercanas al caso, en al menos dos ocasiones autoridades mexicanas se negaron a compartir información con el consulado estadounidense, mientras que tampoco gestionaron de forma adecuada documentos y pruebas obtenidos por agencias norteamericanas.
Las víctimas también acusaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos de negarse a entregar información a México, lo que complicó el avance de las investigaciones nacionales.
“Es importante destacar que uno de los motivos que llevaron al juez a ordenar la reapertura de la investigación es la falta de cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para perseguir a La Luz del Mundo en México”, señalaron Guzmán y Martin.
Naasón enfrenta procesos en varios frentes
Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo y autodenominado “Apóstol de Jesucristo”, actualmente cumple en Estados Unidos una sentencia cercana a 17 años por abuso sexual de menores.
Además de esa condena, enfrenta un caso federal en Manhattan, Nueva York, por presunta trata de personas y crimen organizado.
Con la reapertura en México, sobrevivientes y representantes legales buscarán que también se investigue a otros integrantes de la estructura de liderazgo de la Iglesia, no sólo al dirigente principal.
Pese a los procesos judiciales, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó recientemente que el registro oficial de La Luz del Mundo como asociación religiosa sigue vigente en México.
No obstante, precisó que la licencia ministerial de Naasón Joaquín García permanece suspendida.
Las víctimas subrayaron que esta nueva etapa judicial tiene como objetivo impulsar una investigación integral sobre toda la estructura de poder de La Luz del Mundo, así como fortalecer la cooperación binacional para impedir que los delitos denunciados queden impunes.
