La Secretaría de Seguridad de Jalisco abrió una investigación contra 17 elementos policiales señalados por presuntamente utilizar de manera indebida la fuerza durante la manifestación del domingo 11 de octubre, en la que ciudadanos protestaron por la calidad del agua potable en Guadalajara.
El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, informó este jueves que el área de Asuntos Internos reúne evidencias para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, el expediente incluye más de 200 videos grabados desde diferentes ángulos, además de las comparecencias realizadas como parte de las indagatorias.
Reconocen fallas en el operativo policial
De acuerdo con el secretario, el análisis de las grabaciones permitió detectar a oficiales que habrían respondido de manera desproporcionada y actuado al margen de los procedimientos establecidos.
Hernández González señaló que desde el lunes recibió instrucciones del gobernador para investigar a fondo los hechos. También admitió que hubo deficiencias en la aplicación de los protocolos y que algunos policías reaccionaron impulsivamente, aunque esa no era la instrucción operativa.
El funcionario reconoció que el despliegue terminó afectando a personas a quienes las autoridades debían proteger mientras ejercían su derecho a manifestarse. Añadió que este tipo de actuaciones perjudica la confianza de la ciudadanía en las corporaciones de seguridad.
Asimismo, asumió la responsabilidad institucional junto con los mandos y funcionarios involucrados en la coordinación del operativo. Sostuvo que las fallas de un elemento también comprometen al resto de la estructura de seguridad.
Los agentes podrían recibir distintas sanciones
Los 17 policías identificados fueron citados a comparecer ante Asuntos Internos, instancia que continúa integrando los expedientes para determinar la responsabilidad individual de cada uno.
El secretario explicó que las medidas disciplinarias dependerán de la gravedad de las conductas acreditadas. Las consecuencias podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo, sin descartar la revisión de posibles excesos atribuibles a los mandos policiales.
Hernández González reiteró que la dependencia mantendrá una política de cero tolerancia ante las actuaciones que vulneren el deber de proteger a las personas que participan en manifestaciones pacíficas.
Como parte del seguimiento al caso, la Secretaría de Seguridad colaborará con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y proporcionará la información que el organismo solicite.
Además, el funcionario anunció una revisión de los lineamientos de actuación policial para evitar que se repitan situaciones similares. Para este proceso convocó a legisladores, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, cámaras empresariales y especialistas en seguridad y derechos humanos.
El secretario precisó que actualmente existen protocolos nacionales y estatales que regulan el uso escalonado de la fuerza, así como las condiciones para utilizar herramientas y equipo policial. Estas disposiciones buscan proteger tanto a quienes se manifiestan como a los propios agentes.