Familiares de personas desaparecidas en México acudieron esta semana, en la ciudad de Guadalajara, a la toma de muestras de ADN con el objetivo de cotejarlas con los hallazgos del Rancho Izaguirre, un predio investigado por las autoridades por su relación con una red de reclutamiento para el crimen organizado.
Alejandra González, madre de Francisco Javier Anguiano, contó que entre las 1,800 prendas y objetos personales encontradas en el Rancho Izaguirre pudo reconocer una playera negra desteñida que perteneció a su hijo, desaparecido desde 2023.
González, originaria del estado de Guanajuato, pide a las autoridades federales que confronten su ADN con el de su hijo y le permitan entrar al predio encontrado hace un año y, en el que considera, no se ha escarbado ni investigado lo suficiente.
Esta es la segunda ocasión en la que la Fiscalía realiza jornadas de toma de muestras de ADN en Jalisco, el estado que, hasta marzo de este año, contabilizaba 16,079 casos, según el registro estatal de Personas Desaparecidas y no Localizadas, mientras que en el país la crisis supera los 130,000 casos.
En conjunto con universidades y la Asociación de Investigadores Forenses por la Justicia de Jalisco, la dependencia federal reúne las muestras para facilitar la confrontación de ADN y la identificación de personas.
Cecilia Aguirre aseguró que uno de los pantalones encontrados en el Rancho Izaguirre es de su hijo Oscar Miguel Ángel Flores, desaparecido en 2020.
Su certeza prevalece aunque las autoridades no le han permitido la identificación directa de la prenda de vestir.
Las asistentes denunciaron que aunque en sus estados han realizado procedimientos similares, el banco de datos se queda en manos de las autoridades locales y no se coteja con los de otras entidades para facilitar la localización de sus familiares desaparecidos.
En marzo pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana señaló omisiones de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la realización del protocolo para la cadena de custodia de las prendas y artículos encontrados en el Rancho Izaguirre, considerados evidencias criminales.
Dichas conductas vulneraron “los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia” de las personas desaparecidas y sus familiares, sentenció la dependencia.